Contribuyentes de hasta un total de 10 comunidades autónomas tendrán que tributar un plus al Estado como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo impuesto para patrimonios a partir de tres millones de euros cuya tramitación parlamentaria está impulsando el Gobierno central. Desde el momento en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la creación de este nuevo impuesto, el Gobierno dejó claro que su propósito era lograr una armonización para llegar a una tributación mínima en el impuesto sobre patrimonio en comunidades como Madrid y Andalucía, donde sus gobiernos autonómicos lo han desmontado mediante una bonificación del 100% de su cuota. Ahora un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apunta que el nuevo impuesto, además de a Andalucía y a Madrid, afectará a contribuyentes de Catalunya, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Baleares, las tres haciendas forales del País Vasco y a Navarra.
En estas 10 comunidades, el impuesto autonómico sobre patrimonio es inferior en todos o algunos de sus tramos al nuevo tributo estatal. La diferencia entre uno y otro deberá ser ingresada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Solo se podrá evitar si, antes de la entrada en vigor del nuevo gravamen, los gobiernos autonómicos elevan sus respectivos impuestos hasta el nivel estatal para que, al menos, la mayor tributación de sus contribuyentes se quede en las arcas autonómicas. Desde la Generalitat de Catalunya se apunta que aún no existe una decisión al respecto.
Los contribuyentes de la Comunitat Valenciana y los de La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Castilla y León no se verán afectados por el nuevo gravamen ya que en estas comunidades el impuesto de patrimonio representa una carga fiscal igual o superior que el nuevo tributo estatal.
Tipo mínimo del 1,7%
Tal como está diseñado el nuevo impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas —que es como ha sido bautizado—, el tributo incluye una tarifa que empieza a operar a partir de 3 millones de euros, con un tipo mínimo del 1,7% que llega al 3,5% a partir de 10.695.996 euros. Se establece que de la cuota resultante de este impuesto se deducirá todo lo que se haya pagado por el impuesto sobre patrimonio autonómico.
Así, en las comunidades donde el impuesto autonómico de patrimonio sea igual o superior al nuevo tributo, los contribuyentes no se verán afectados por la nueva figura fiscal. Sin embargo en las comunidades donde no existe impuesto de patrimonio —como en Madrid o Andalucía—, o donde este sea inferior al nuevo tributo, los contribuyentes sí se verán afectados, a partir de un determinado nivel de riqueza que es diferente en cada territorio, en función del alcance de su normativa. Esto es, precisamente lo que sucede en las 10 comunidades identificadas por los autores del informe de Fedea, Carmen Marín, Diego Martínez y Manuel Díaz.
Según los cálculos de Fedea, en el caso de Galicia, contribuyentes con un patrimonio neto a partir de 8.639.577 euros (después de haber descontado las deudas y el valor de la vivienda habitual hasta 300.000 euros) tendrán que pagar en 2023 una cantidad adicional al Estado como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas.
En Madrid y Andalucía, la tributación al Estado se producirá a partir de patrimonios de 3,7 millones (resultado de sumar a la cantidad de 3 millones la exención de 700.000 euros prevista en el impuesto) ya que en estas dos comunidades no existe impuesto sobre patrimonio. En el caso de Asturias, el nuevo tributo empezará a operar para patrimonios netos a partir de 23,89 millones y en el de Cantabria, a partir de 26,29 millones. En el caso de Murcia, el límite de patrimonio a partir del cuál tendrá efecto el nuevo impuesto de solidaridad se halla en 25.032.081 euros. En Baleares, la línea roja es a partir de 209.853.351 euros.
En lo relativo a las haciendas forales vascas, el nuevo impuesto estatal será exigible en Álava a partir de 13.166.853 euros. En Bizkaia, a partir de 9.597.712 euros y en Guipuzkoa, a partir de 13.066.853 euros. En el caso de Navarra, se verán afectados los contribuyentes con un patrimonio neto a partir de 10.612.803 euros.
