Parter y Riesgo urdieron una trama con 25 sociedades en su gestión de la antigua Alcoa

La multinacional estadounidense Alcoa gestionó las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés entre los años 1998 y 2019 valiéndose de sendas sociedades domiciliadas en Madrid: Alcoa Inespal A Coruña, S. L. y Alcoa Inespal Avilés S. L. Los gestores sucesivos que adquirieron las plantas —el fondo suizo Parter Capital Group AG y Grupo Industrial Riesgo— urdieron en dos años una trama de al menos 25 sociedades en las que se diluye la responsabilidad de la presunta despatrimonialización y quiebra de las fábricas de aluminio que daban empleo directo a más de 500 personas. Esto es lo que se desprende de la investigación que ha realizado el equipo de Diego Comendador Alonso, el administrador concursal nombrado para tratar de esclarecer lo ocurrido en la antigua planta coruñesa de Alcoa. El informe del administrador de la fábrica avilesina aún está en proceso de elaboración. El modus operandi que describe el experto coruñés cita en reiteradas ocasiones la fábrica avilesina, gemela de la coruñesa en la etapa de esplendor del sector del aluminio y también ahora en liquidación.

La relación de sociedades integradas en la trama societaria urdida presuntamente para saquear Alu Ibérica —este es, precisamente, el delito que investiga la Audiencia Nacional— se divide en dos capítulos: la etapa de gestión que lideró Parter Capital Group AG (entre el 31 de julio de 2019 y el 6 de abril de 2020) y la que, tras la venta de las fábricas a Grupo Industrial Riesgo, dirigieron los investigados Víctor Rubén Domenech, Alexandra Camacho y Luis Losada (entre el 6 de abril de 2020 y el 30 de noviembre de 2021 cuanta la planta coruñesa entró en concurso de acreedores).

El control del negocio

El fondo suizo Parter (comprador elegido por Alcoa para venderle las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés “por descarte”, como reconoció su máximo responsable en España en aquel momento) se valió de las siguientes sociedades para controlar el negocio recién adquirido: Blue Motion Technologies AG, Mulberry Trust AG, Bluequest Resources AG, Alu Holding LC, S.L., Alu Holding AVL, S. L. De las dos últimas surgieron Alu Ibérica AVL, S. L. y Alu Ibérica LC, S.L. calcando la misma lógica organizativa que había empleado Alcoa: dos fábricas, dos sociedades, una imagen de marca.

La trama se complica y enreda cuando toma el control Grupo Industrial Riesgo, que asombrosamente carece de personalidad jurídica —como en su día reveló este periódico— y que pone en escena dos sociedades radicadas en Madrid e inicialmente constituidas para otros fines ajenos al sector del aluminio, en concreto la industria química y la distribución al por menor en tiendas de droguería; esas sociedades son Manuel Riesgo, S. A. y PM MR 1986. Los dueños originales de estas sociedades acusan a Domenech, al que confiaron la tarea de reflotar sus negocios, de haberlos arruinado y utilizado las sociedades con fines instrumentales para constituir un aparente holding que le permitió presentarse ante las autoridades como un industrial con capacidad y recursos para devolver la actividad a las plantas de aluminio.

Domenech y sus socios, ya con el control de Alu Ibérica en sus manos, se prodigaron como fundadores de sociedades, la mayoría constituidas con nombres tan rimbombantes como escaso capital; de hecho, el mínimo legal en casi todos los casos: System Capital Management, S. L. (posteriormente Iberian Green Aluminium, S. L.); Droguería Lobos, S. L. (actualmente Southcore Chemical & Raw Materials, S. L.); Logiplus Worldwide, S. L.; Vecodrom Consulting, TTD; Ackerman & Schwartz Attorney at Law, S. L. P.; Gestión y Administración de Franquicias, S. L.; Two Ground Concept, S. L.; Capital Renting Limited (hoy Professional Management Advisor, LTD); Inter Foods & Commerce, S. L.; Foods & Drinks of the World, S. L.; Boston First Primer Services, S. L.; y Lavandeco, S. L. El administrador coruñés apunta al final de esta relación “y así hasta el infinito, glosando una película infantil”.

Licencias cinematográficas al margen, el mismo administrador escribe en su informe que el fundamento doctrinal de la existencia de sociedades (personalidades jurídicas) “es contribuir al desarrollo de la sociedad capitalista y el progreso económico (...) En cualquier caso se trata de patrimonios creados con las aportaciones de socios para obtener un fin, lícito por supuesto”. Pero en el caso de las sociedades enmarañadas en la madeja de Alu Ibérica, el experto afirma: “Este conglomerado de sociedades está muy alejado de loables ideales y de la finalidad de la persona jurídica. Su objetivo fue otro: obtener un rápido y seguramente ilícito beneficio sin aportar ni arriesgar patrimonio alguno (más allá de seis carretillas y una impresora)”.

Sin trabajadores en nómina

Diego Comendador alude en ese párrafo a la aportación de capital en especies que hizo Domenech para constituir System Capital Management (actual Iberian Green Aluminum). No tenía ni un solo trabajador en nómina, ni la conocían en la Seguridad Social y su capital social fueron seis carretillas que aportó PM MR 1866 SLU —otra instrumental— y una impresora que puso Alexandra Camacho, bienes todos ellos valorados en 300.000 euros. Esa fue la sociedad con la que Grupo Riesgo compró Alu Ibérica a Parter en la primavera de 2020 y por la que pagó 13 millones de euros que salieron de las cuentas de las propias fábricas mediante una más que cuestionable maniobra de autofinanciación.

El redactor del informe de calificación de la administración concursal gallega se muestra pesimista con respecto a obtener “resultados prácticos tangibles” en los apartados de depuración de responsabilidades y de recuperación del dinero presuntamente defraudado. “Eventualmente, si se llegara a dictar una sentencia de condena indemnizatoria por daños y perjuicios nos vamos a encontrar con sociedades y personas físicas absolutamente insolventes, por lo menos en apariencia, y una posible condena de inhabilitación en poco o nada les afectará pues ya no vienen actuando como administradores sociales sino que buscarán a cualquier incauto —o lo que es peor, a cualquier persona en precaria situación económica— para nombrarlos testaferros en nuevas sociedades”. Ese de testaferro es el papel que, a priori y según las pruebas recabadas por la autoridad judicial y la administración concursal, parece haber jugado en la trama de Alu Ibérica el malagueño Luis Losada.

El rastro suizo de Parter: refundada y en otra sede

Este periódico publicó en 2019, cuando estaba reciente la compra de las antiguas fábricas de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés, que la sede del fondo adquirente, Parter Capital Group AG se hallaba en la pequeña localidad suiza de Schindellegi —apenas 3.500 habitantes— y carecía tanto de trabajadores como de actividad conocida. Todo lo que se podía saber de las intenciones de los helvéticos era lo que decía su página web (que hoy sigue siendo la misma que entonces) y lo que contaba a las autoridades Rüdiger Terhorst, el hombre que se presentó como socio director de Parter y que nunca quiso responder a las preguntas de la prensa.

Resultaba raro que un potente grupo inversor con supuestas participaciones en conocidas empresas multinacionales careciese de estructura administrativa y de sede más allá de un local alquilado en un edificio de oficinas de un polígono de servicios de un tranquilo pueblo alpino. Un local donde nunca nadie coge el teléfono, donde los emails enviados no obtienen respuesta y cuyos vecinos son, entre otros, un hotel con spa, una gasolinera, una bolera y una tienda de muebles de cocina.

Como raro es que una sociedad fundada en 2011 con el nombre de PPG Energy AG y renombrada sucesivamente como D8 Marketing AG y MK Bau + Gips AG antes de pasar a llamarse Parter Capital Group en 2018 (un año antes de adquirir las fábricas de Alcoa) haya promovido su liquidación ante la autoridad mercantil de Suiza pocos meses después de embolsarse los 13 millones que le pagó Grupo Industrial Riesgo (con dinero sacado de la caja de las antiguas fábricas de Alcoa) por hacerse con Alu Ibérica, por las que, a su vez, Parter había pagado a Alcoa un dólar.

La búsqueda del socio director del fondo suizo

La sociedad Parter Capital Group AG en liquidación llevó su sede social a otro cantón suizo, a la localidad de Ermatigen (2.836 habitantes). La nueva residencia duró poco, pues en mayo de 2021 los administradores de la firma la refundaron con su nombre original —Parter Capital Group AG— y fijaron su sede social en la localidad de Wollerau  (6.969 habitantes). Otra vez se eligió como local una oficina de alquiler en un polígono a las afueras del pueblo, esta vez con un vecindario compuesto por un taller de reparación de coches, una tienda de material de jardinería, una juguetería y una empresa de fabricación de papeles adhesivos, entre otros negocios que poco o nada tienen que ver con el sector financiero.

El de Wollerau (calle Sihlggtrasse, 23) es el nuevo domicilio social de Parter que consta en el registro mercantil suizo de Schwyz —previa baja por liquidación en el registro mercantil de Thurgau—, pero en la página web de Parter Capital aún consta el domicilio social de hace un año (Ermatigen) y en la información disponible en internet sobre los ocupantes del edificio de oficinas de alquiler en el que supuestamente está la sede de Parter no consta dato alguno de tal hecho.

Rüdiger Terhorst ha sido puesto en busca y captura por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, la que investiga el caso Alu Ibérica, para que se someta a interrogatorio. Y de Joachim Magin, la otra persona que se presentó como directivo de Parter Capital, lo último que se sabe es que en el proceso de liquidación y refundación de la sociedad quedó desposeído de sus funciones.

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