El Gobierno abre la puerta a “compensar” a los concellos donde se instalen renovables

Para cruzar el ecuador de este siglo siendo un país neutro en carbono, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) quiere asegurar a medio camino, en el año 2030, la reducción un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la extensión de las renovables al 74% de la generación eléctrica y al 42% en el consumo total de energía final y mejorar un 39,5% la eficiencia en la demanda. “Dado que tres de cada cuatro toneladas de gases de efecto invernadero se originan en el sistema energético, su descarbonización es la piedra angular sobre la que desarrollar la transición energética y la descarbonización de la economía”, destaca el Ministerio para la Transición Ecológica en la presentación de la hoja de ruta aprobada por el Gobierno en marzo de 2021. No hay que ir muy lejos para comprobar los efectos medioambientales de la expulsión de los combustibles fósiles del sistema. Las instalaciones industriales más contaminantes de Galicia acumularon un total de 5,7 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2021, un 63% menos que en 2017, cuando todavía funcionaban a pleno pulmón las dos centrales de carbón de As Pontes y Meirama.

La clausura de las térmicas facilitará el drástico ajuste de las emisiones de gases de efecto invernadero en la comunidad, alumna aventajada también en la cuota de fuentes limpias en el mix de producción de electricidad por el enorme potencial del viento y el agua. En estos momentos se acumulan 9.059 megavatios (MW) en futuros parques eólicos que tienen concedido ya el derecho de conexión a la red y otros 2.593 MW lo están tramitando. Existen media docena de proyectos para levantar hidroeléctricas de bombeo, la única forma de almacenar electricidad a gran escala en la actualidad. E, incluso, la fotovoltaica se abre camino en Galicia: 89 MW con acceso conseguido y otros 278 en proceso.

El despliegue masivo de tecnologías limpias es una auténtica obsesión de las autoridades comunitarias. En el marco del Plan REPowerEU impulsado para desconectar cuanto antes al viejo continente de las importaciones de gas y petróleo de Rusia, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo a finales del pasado año para acelerar los permisos a las instalaciones renovables. Cada Estado miembro debe elaborar un mapa de zonas de bajo impacto con procedimientos de autorización abreviados y recortar lo máximo posible la tramitación del resto.

Entre el acelerón y la gran cantidad de proyectos en cola, las administraciones y el propio sector se están encontrando de frente con un claro movimiento social opositor, liderado en Galicia por las plataformas vecinales agrupadas bajo la pancarta de Eólica sí, pero así no. El debate sobre el modelo de negocio de las renovables, más allá de su vital importancia en la lucha contra el cambio climático, se mueve alrededor del impacto en el entorno, incluidas las economías locales.

La ministra para la Transición Ecológica desveló ayer que la revisión en marcha para adaptar el Pniec a las nuevos objetivos de reducción de emisiones de la UE —el documento saldrá en el primer semestre— se meterá de lleno en el problema. “Es muy importante tener presente el territorio, a los vecinos, y no solamente los componentes ambientales, la biodiversidad y los ecosistemas —defendió Teresa Ribera, durante una comparecencia en Nueva Economía Fórum—. Este es un debate que debemos abrir, abordar de qué manera se compensa, se facilita el acceso a los beneficios de las energías renovables a las comunidades locales”.

La también vicepresidenta tercera considera necesario incorporar a esa discusión “cuál es el coste de no actuar”. “Qué ocurriría si no transformamos nuestro sistema energético”, cuestionó, ante los serios problemas ambientales que arrastra España por culpa del cambio climático, como las sequías o los incendios forestales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha decidido tomar medidas con los problemas de los permisos a las renovables. Habla de “tres grandes cuellos de botella”: “retrasos y otras dificultades acaecidas” en la conexión a la red de transporte”, “retrasos y dificultades” en la tramitación estatal y autonómica y “retrasos dificultades derivados de la intervención de las administraciones públicas de ámbito local”. El organismo lanza una consulta pública para desentrañar cuáles son esos “obstáculos” a pie de ayuntamientos, de donde tendrán que salir licencias de obras y construcción y apuesta por “atenuar” las llamadas “externalidades locales”.

“Las comunidades locales donde se instalan infraestructuras renovables no se apropian íntegramente de todas las ventajas”, dice, en referencia a “los indudables beneficios medioambientales”, la reducción de la dependencia energética y los menores costes de la electricidad. “En cambio, todas las comunidades locales, incluso las que no han instalado generación renovable, se benefician de la existencia de infraestructuras renovables en otros municipios”. Ese principio económico conocido como externalidad “puede dar lugar” a que los ayuntamientos “no abracen los objetivos renovables con tanta intensidad como los gobiernos locales”, según advierte el supervisor, que reconoce el impacto que, “como toda intervención humana”, pueden acarrear las instalaciones en el desplazamiento de otras actividades económicas (agricultura y ganadería, básicamente), la conservación de los hábitats y el paisaje.

“Es importante identificar las ventajas e inconvenientes de la implantación de renovables que repercuten directamente sobre las comunidades locales, para tratar de potenciar las primeras y minimizar las segundas”, proclama. Recogiendo el guante de los que piden “beneficios directos” a los territorios de implantación, la CNMC alerta de que algunas soluciones que se dan —menciona los precios más bajos de la electricidad, prioridad para el vertido a la red de las instalaciones renovables y compensaciones económicas—“podrían resultar problemáticas”.

“Además de las posibles medidas de apoyo del sector público, pueden impulsarse medidas para favorecer directamente a la comunidad local por parte de los promotores”, señala, poniendo como ejemplo el “apoyo eficaz” al acceso del empleo generado por las instalaciones “ofreciendo a la población local asistencia personaliza” en la búsqueda de trabajo y con cursos de formación centrados “en las competencias ecológicas y digitales más demandadas”.

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