A Coruña, sin noticias del Observatorio de la Transición Justa que ya tiene Asturias

La comunidad vecina ha creado un organismo para “rendir cuentas” de los 262 millones que va a recibir | A la provincia coruñesa le corresponden 111 y la Xunta aún no ha dado el paso

Derribo de la chimenea de Meirama, el pasado marzo. |   // VÍCTOR ECHAVE

Derribo de la chimenea de Meirama, el pasado marzo. | // VÍCTOR ECHAVE / Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

Dos días antes de la pasada Nochebuena, la Comisión Europea dio luz verde al Plan Territorial de Transición Justa de España, que incluye para la provincia de A Coruña una asignación directa de fondos de 111,3 millones. Es junto a Asturias (262 millones) y León (125) la que más dinero obtiene. La finalidad del programa es generar un impacto económico y social en las zonas afectadas por la denominada transición energética, que en el caso de Galicia se corresponde con la provincia de A Coruña, por el cierre de las centrales de Meirama y As Pontes. El fondo de 111 millones lo gestiona la Xunta y tendrá que estar ejecutado antes de 2027.

A finales del pasado mes de marzo, el Principado de Asturias, cuyo territorio es el que más subvención recibe, anunció la puesta en marcha del Observatorio de la Transición Justa con la idea de dar un paso más en el proceso y configurar “un organismo de evaluación y revisión continuada” para hacer un “ejercicio de rendición de cuentas”, ver los resultados de las estrategias puestas en marcha “y ver si hay que redirigir alguna”, según explicó el consejero de Industria asturiano, Enrique Fernández. En la nueva entidad participan los actores más relevantes de la economía de la comunidad vecina: el Principado; la Universidad de Oviedo; la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); los sindicatos CCOO, UGT y SOMA; la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y las Cámaras de Comercio.

Silencio

¿Y en la comunidad gallega? Preguntada la Xunta en tres ocasiones en las últimas tres semanas por la puesta en marcha de un observatorio similar para evaluar y hacer un seguimiento de los 111 millones que le corresponden a A Coruña y por cómo marcha el proceso cuatro meses después de que la Comisión Europea aprobase el plan, en las tres ha evitado hacer comentarios. Con este fondo, la Xunta anunció el año pasado que activaría ayudas para proyectos singulares de descarbonización y renovación industrial; impulsaría la creación de un polo tecnológico en energías renovables y almacenamiento energético; constituiría comunidades energéticas en los polígonos industriales y establecería líneas de apoyo en el ámbito social. Sin embargo, en los últimos meses no se ha anunciado ningún avance.

El observatorio asturiano, según sus promotores, nace con varios objetivos. El primero es analizar el proceso de descarbonización de la economía regional y verificar los resultados obtenidos de las diferentes actuaciones incluidas en las estrategias y planes aprobados. El segundo es la elaboración de informes anuales sobre los resultados alcanzados con la implantación de las medidas. El tercero es evaluar el grado de desviación con respecto a los objetivos planteados. Y el cuarto, ser un canal permanente de comunicación con los integrantes de los grupos de trabajo para acciones y actividades específicas y abrir vías de participación con la ciudadanía.

El último anuncio de la Xunta sobre el Fondo de Transición Justa para A Coruña data de julio del año pasado, cuando la administración gallega avanzó que había preseleccionado 36 propuestas presentadas por grandes empresas que podrán optar, junto a las pymes, al programa. Entre las 36 seleccionadas, 24 son proyectos del sector energético y los otros 12 pertenecen al ámbito más industrial. Entre las iniciativas que pasaron esta primera selección están la apuesta de la empresa de automoción Showa Denko, con sede en A Grela, para ampliar sus instalaciones; la planta de Nervión Naval Offshore para el ensamblaje de estructuras de eólica marina flotante en el puerto exterior de Ferrol; el centro de producción de metanol verde de Forestal del Atlántico (Mugardos), y proyectos vinculados con As Pontes, como la planta de hidrógeno verde promovida por Reganosa y EDP Renovables; la instalación de una fábrica de neumáticos de Sentury Tire o la propuesta de Ence para construir un centro para la recuperación de papel.

Última en firmar

La Xunta fue el último de los siete gobiernos autonómicos implicados en firmar los Protocolos de Actuación de los Convenios de Transición Justa con el Gobierno. Se produjo en noviembre de 2021 y antes ya lo habían hecho los Ejecutivos regionales de Aragón, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Castilla la Mancha y Andalucía.

Al final fueron 14 los municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa de As Pontes: As Pontes, A Capela, Xermade, San Sadurniño, As Somozas, Mañón, Monfero, Moeche, Cerdido, Vilalba, Cabanas, Ortigueira, Muras y Ferrol. Y cinco los municipios del Convenio de Meirama: Cerceda, Ordes, Carral, Tordoida y A Laracha. El proceso participativo de Meirama se había activado en junio de 2020 y el de As Pontes, en junio de 2021.

Lluvia de millones europeos para la descarbonización

El Fondo de Transición Justa es el primer pilar del Mecanismo de Transición Justa de la UE para los territorios más afectados por la descarbonización. A España le corresponden 868,7 millones —del total de 18.500— a repartir entre las provincias de A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Córdoba, Cádiz y Almería, y el municipio de Alcudia. Para el reparto del dinero, el Ministerio para la Transición Ecológica tuvo en cuenta el volumen de emisiones de CO2 de cada territorio (criterio que puntuaba un 50%), el empleo en minería (25%) y el peso del empleo industrial sobre la población activa (25%). Con estas cifras, a la provincia de A Coruña le corresponden 111.380.018 euros, que representan el 12,8% del total. El ministerio destacó que A Coruña se verá perjudicada por el cierre de dos centrales térmicas (As Pontes y Meirama) que afectan a 639 empleos directos. También se producirá un impacto en la actividad de transporte del carbón, con 150 empleos directos adicionales. Además, señaló que “este problema se acucia teniendo en cuenta que los municipios directamente afectados han perdido población de manera constante en la última década”. La obligada reducción de las emisiones de CO2 provocará en A Coruña que “las industrias electrointensivas, el sector agroalimentario, la industria maderera, el sector de la moda, y las instalaciones con centrales de cogeneración basadas en combustibles fósiles sufrirán también impactos negativos”.

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