La coruñesa Greenalia reprocha al Superior la “inseguridad jurídica” en el sector eólico

La progresiva judicialización del sector eólico en Galicia vivió la pasada semana un intenso capítulo con dos autos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Uno suspende de forma cautelar la autorización administrativa previa y de construcción del parque Laboa II impulsado por Engasa en Santa Comba, aceptando el recurso de la asociación ecologista Petón do Lobo por el supuesto daño ambiental “a múltiples especies de flora y fauna”.

El otro anuló definitivamente los mismos permisos de la Xunta a la coruñesa Greenalia para el parque eólico Bustelo, ubicado en Coristanco y Carballo, en este caso tras el recurso de Adega a causa de la presunta fragmentación de las instalaciones con otros dos complejos de aerogeneradores de la compañía e insistiendo en que los informes a todos los organismos públicos vinculados debieron pedirse antes de la exposición pública al proyecto.

Con esta última razón, la misma sala del TSXG tumbó la autorización de la repotenciación de un parque eólico en Corme. El caso está en el Supremo, que aceptó dos recursos contra la inédita decisión del tribunal gallego para marcar jurisprudencia: ¿los informes sectoriales deben ir por detrás de la exposición pública del proyecto, como se ha hecho hasta ahora en todas las evaluaciones de impacto de energía e industria en España, o tienen que salir juntos?

Ante esta situación, Greenalia decidió ayer sacar un comunicado muy crítico contra el TSXG. Quiere subrayar “que, obviamente, acata y respeta la decisión del Tribunal, pero alerta sobre la inseguridad jurídica que esta situación está generando en las empresas para el desarrollo de los proyectos industriales”. “Una situación que está teniendo, entre otras implicaciones —añade—, impacto en la ejecución de los PPAs (contrato de compraventa de energía a largo plazo) firmados con las industrias, en los compromisos con los propietarios sobre los que se implantan las instalaciones y también sobre la propia viabilidad económica de las empresas del sector”.

En su caso, la inversión en el parque Bustelo supera los 7 millones de euros. El grupo liderado por Manuel García reprocha que se paralicen obras “sin solicitar a la demandante ningún tipo de fianza” y se haya denegado “la ratificación de las pruebas periciales propuestas por la empresa”.

Greenalia señala directamente al juez Luis Villares, exlíder de En Marea y miembro de la sala del TSXG que está anulando o suspendiendo los permisos. La compañía no entiende por qué no se aceptó la recusación tras presentar “un informe de más de 20 páginas” con declaraciones públicas de Villares “en contra de estos desarrollos”.

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