La eólica se bloquea con el ‘boom’ de recursos y contenciosos a nuevos parques en Galicia

El parque eólico de Corme entró en operación a mediados de 2000 en el concello coruñés de Ponteceso con una potencia de 18,3 megavatios (MW) repartida en 61 aerogeneradores. Costó más de 3.000 millones de las antiguas pesetas. Cuando estaba a punto de cumplir las dos décadas, su dueño, EDP, presentó en la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta el proyecto de repotenciación total de las instalaciones. Planteó muchos menos molinos, solo siete, y de mayor rendimiento. La promotora estimó una producción media de 77.000 MWh anuales con 4.121 horas equivalentes de funcionamiento, según la documentación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), convirtiéndose en uno de los parques eólicos más productivos de la comunidad. La administración autonómica otorgó la autorización administrativa previa y de construcción el 16 de septiembre de 2019. Una vez finalizadas las obras, saltó la bomba. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló a principios del pasado ejercicio la resolución de la Xunta y tumbó la repotenciación. En una sentencia sin precedentes, los magistrados Francisco Javier Cambón, Juan Carlos Fernández y Luis Villares desestimaron once de los trece motivos que esgrimió el recurrente —incluidas las supuestas afectaciones a zonas protegidas—, pero la aceptación de las otras dos razones ha desencadenado el bloqueo de un sector que, en pleno acelerón de la transición energética hacia una economía descarbonizada de la mano de las renovables, no levanta cabeza en Galicia.

La Xunta metió la pata. Lo reconoció la nueva conselleira de Economía, Industria e Innovación. “La autorización de ese parque estaba mal tramitada, un error jurídico que podemos cometer cualquiera”, aseguró María Jesús Lorenzana en una entrevista publicada en este diario. Se declaró proyecto “de interés especial” y el periodo de exposición pública bajó a la mitad (15 días) al amparo de la normativa impulsada por el Gobierno gallego en 2017 para facilitar la implantación de iniciativas empresariales, quebrantando las leyes básicas española y europea que fijan un periodo “no inferior a 30 días”. Había otra docena de proyectos eólicos en la misma situación que Corme y la Xunta tuvo que retramitarlos. De hecho, esa cuestión no se recurrió ante el Supremo.

Sí llevó la Xunta al alto tribunal, y están personados en el caso tanto la propia EDP como la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la otra delicada razón esgrimida para anular la repotenciación: antes de publicar el proyecto, la administración debe tener ya los informes sectoriales —la valoración de los departamentos de medio ambiente, cultura, patrimonio o urbanismo, entre otros órganos competentes en la revisión de los futuros parques eólicos— y sacar las dos cosas a la vez a exposición pública. Tan inédita es la decisión del TSXG, que el Supremo admitió a trámite el recurso de casación para fijar jurisprudencia.

Frente a la motivación de los jueces gallegos en el auto del parque de Corme —que esa simultaneidad se desprende de la ley de evaluación ambiental cuando ordena la información pública “en una fase del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto en el que estén abiertas todas las opciones relativas a la determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto” y en la legislación comunitaria al exigir para la ciudadanía “la posibilidad real de participación desde una fase temprana”—, la Xunta y las empresa eólicas sostienen que la interpretación del TSXG “infringe significativamente” la normativa en vigor. No existe esa obligación e imponerla “desnaturaliza toda la tramitación posterior”, además de “perjudicar a los que presentaron alegaciones”, según la letrada de la administración gallega. Si así fuera, “la administración contestará a esas alegaciones una vez que ya tiene los informes hechos y cercados, lo que causaría o bien indefensión a los interesados o bien obliga a volver a empezar el procedimiento”.

¿Cuánto tardará en pronunciarse el Supremo? Nadie lo tiene claro, pero todos los consultados coinciden en la transcendentalidad del veredicto para los cientos de proyectos de renovables en tramitación ahora mismo en España y, en general, para cualquier iniciativa industrial que tenga que pasar por una evaluación medioambiental.

Mientras, el TSXG mantiene su misma opinión en los autos que en los últimos meses anularon o suspendieron cautelarmente a petición de plataformas críticas con el sector media docena más de autorizaciones administrativas previas y de construcción de parques. La Xunta asegura que en estos momentos hay 25 contenciosos abiertos pendientes de sentencia o de ejecución y que la cantidad de recursos administrativos está creciendo “de forma notable”.

Solo Petón do lobo, una de las entidades más activas en el movimiento “Eólica, así non” acumula 30, según su actualización pública en junio. Tiene también cuatro recursos administrativos contra proyectos de competencia estatal, otro en fase de judicialización y tres más para los que ha solicitado abogado de oficio. A través de sus redes difunde los modelos de recursos de alzada para que los interesados puedan firmar y unirse a la causa. Es uno de los matices que pone la Consellería de Economía: “Usan plantillas, lo que posibilita que el número de recursos sea mayor”.

Más que la creciente litigiosidad, detrás de los duros reproches mutuos que todas las partes implicadas se están lanzando en estos momentos están las suspensiones cautelares. “La mera posibilidad de que se ocasione el evento dañoso (y la información precisa de que eso puede suceder se constata a través de las periciales de la asociación, que son bastante contundentes respecto al riesgo), hace que deban acceder a la suspensión solicitada, sin esperar a la finalización del procedimiento, momento en el que el proyecto empresarial podría ya estar ejecutado y el daño ambiental consumado, lo que hay que evitar”, resalta el TSXG en el reciente auto que paraliza los permisos al parque Lagoa II, promovido por Engasa, tras el recurso de Petón do Lobo.

“Esos parques que están cuestionados tienen como el resto una declaración de impacto ambiental ordinaria. Todos conocemos, por supuesto sus señorías también, la cantidad de informes sectoriales que se solicitan. Como jurista me parece muy dudoso que se pueda estimar una medida cautelar de suspensión en base a un informe pericial que se aporte, y no digo que el técnico que lo haga no sea competente”, subrayaba la conselleira Lorenzana en su entrevista publicada en Prensa Ibérica Galicia, donde advirtió de “la inseguridad jurídica” creada y “del desconocimiento” que subyace en las resoluciones sobre “la relevancia de la declaración de impacto” y “el trabajo de los técnicos expertos funcionarios públicos”.

Greenalia, afectada por una suspensión cautelar y la anulación definitiva de dos parques, lanzó un contundente comunicado de prensa donde arremetió contra los criterios del TSXG, fundados “en la mayoría de los casos, en las meras sospechas de daño ambiental de proyectos que han sido sometidos durante meses, e incluso años, a rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental”. La compañía reclamó “mayor seguridad jurídica” ante el riesgo de paralizar la actividad y llevarse por delante otros proyectos industriales que dependen de la energía producida por los parques y al resto de la cadena de valor de la eólica. Y apuntó directamente a Luis Villares, uno de los jueces del TSXG y exportavoz de En Marea, por su negativa a abstenerse en participar en las resoluciones “teniendo en cuenta que, durante su etapa política, había mostrado públicamente, en diferentes ocasiones, su oposición” al sector.

Sin mencionar a Villares, tanto EGA como esta misma semana el área de Industria de CC OO en Galicia se sumaron a las críticas a las suspensiones cautelares y reiteraron el aviso de las posibles consecuencias para el futuro de Galicia. “Llevarán a la simple y llana imposibilidad de construir futuros parques eólicos en la comunidad”, zanja la patronal eólica .

Adega, la otra gran organización que abandera los recursos, respondió con “estupor” a la retahíla de reacciones. “Una manifestación más de los abusos y de la política antidemocrática en la que se basa el actual proceso de implantación invasiva de energía eólica en Galicia, alineada exclusivamente con los intereses privados de las multinacionales eléctricas”, afea la entidad, que acusa a empresarios, altos cargos de la Xunta y a la central sindical de socabar “la línea de respeto a la separación de poderes”. “Ni tan siquiera entrar a rebatir con argumentos jurídicos los contenidos de las sentencias”, clama. El mismo TSXG salió públicamente a requerir “respeto a la independencia judicial” ante las noticias “que cuestionan la actuación de jueces y juezas gallegos”. “Es uno de los pilares de la democracia”, remarcó la Sala de Gobierno en un comunicado.

“Las suspensiones automáticas de las autorizaciones y declaración de que el tenor de unas normas con más de 10 años de vigencia y aplicación son contrarias a la legalidad, provocan la revisión de plano de la política energética, de la política industrial, lo que, además de compadecerse mal con la exención de control jurisdiccional de los actos políticos, supone obviar los principios constitucionales de seguridad y confianza legítima que vinculan a todos los poderes públicos”, resume EGA en una carta distribuida entre sus asociados y que también se mandará a otros sectores para recabar apoyos. El presidente de la patronal eólica en Galicia lo tiene claro. “Evidentemente respetamos a los tribunales de justicia, pero podemos ser críticos, ¿no?”, indica Manuel Pazo. “Todas las interpretaciones que se están haciendo argumentan el supupuesto interés general —añade—. Como si la energía no fuera también un interés general. Como si la industria y la economía no fueran interés general”.

La asociación trabaja en estos momentos en dos informes, uno sobre “la situación de inseguridad jurídica” y otro sobre las suspensiones cautelares. “Que se paralicen todos estos proyectos y los que vengan y que no puedas hacer absolutamente nada es caótico”, replica, pensando en el momento en el que hable el Supremo “y, si confirma que el TSXG se ha equivocado, ¿quién devuelve el tiempo de parálisis?”. Pazo recuerda que las autorizaciones administrativas previa y de construcción no implican la construcción inmediata de los parques porque todavía faltan las licencias municipales y completar los contratos de equipamientos y obras.

La eólica en galicia

3.887 megavatios de potencia operativos

La potencia instalada ahora mismo en Galicia en parques eólicos supone el 35,5% del parque de generación autonómico.

43,4% cobertura de la demanda con eólica

La producción del sector superó los 9.700 GWh en 2022 y fue la primera tecnología en generación.

75 nuevos parques autorizados

En la remesa de permisos de abril para no perder el acceso y conexión a la red se autorizaron 74 parques que suman 1.961 megavatios de potencia.

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