Los fondos acreedores se harán con el control de Celsa, dueña de una fábrica en A Laracha

Los fondos de inversión internacionales acreedores del grupo siderúrgico Celsa se harán con el control de la sociedad —propietaria de una factoría en A Laracha que da trabajo a 150 personas—, tras el fallo del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona que ha validado y homologado el plan de refinanciación y reestructuración de la deuda del grupo planteado por estos vehículos de inversión financiera, lo que les permitirá capitalizar gran parte de los débitos de los que son tenedores y pasar a ser así los propietarios del mayor grupo siderúrgico de capital español.

Con esta decisión, la familia catalana Rubiralta, fundadora y dueña hasta ahora del 100% de la compañía, pierde el control de la multinacional española al diluirse su posición accionarial una vez que se ejecute la ampliación de capital mediante la conversión de gran parte de la deuda del grupo en acciones. El hasta ahora presidente de Celsa, Francesc Rubiralta, preside desde el año pasado Eurofer, la patronal europea del acero.

Los fondos anunciaron que van a “trabajar con todas las partes interesadas”, que ofrecen “seguridad a los empleados” y la “salvaguarda de los puestos de trabajo”, que se mantendrán “las operaciones en España” y que el plan se acometerá exclusivamente con recursos privados, por lo que renuncian al rescate público de 550 millones aprobado el año pasado por el Gobierno y la Sepi para Celsa y que estaba pendiente de ejecutar.

La sentencia considera ajustado a la legalidad el plan de reestructuración que formularon los fondos al considerar probado que el importe de la deuda es muy superior al valor de la compañía y entender que la capitalización de parte de ese endeudamiento no solo asegura la viabilidad del grupo industrial, sino que es “la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa”. No obstante, el fallo judicial impone que los nuevos accionistas de control “deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto”, aunque también afirma que “en una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica”.

Celsa, con 30.000 trabajadores (7.000 de ellos en España) y presencia en ocho países, es el segundo fabricante siderúrgico europeo de productos largos. En España tiene instalaciones en Cataluña, Asturias, Vizcaya, Cantabria, Galicia y Castilla-La Mancha. La planta de A Laracha ocupa a 150 personas.

Celsa, con sede social en Castellbisbal (Barcelona), adeuda 2.800 millones. Los fondos adquirieron en 2019 el grueso de este pasivo a los bancos financiadores de la compañía. Desde entonces habían planteado sucesivos intentos de capitalizar la deuda o parte de ella para entrar en el accionariado y asumir el control de la sociedad, pero la familia Rubiralta rechazó esta posibilidad.

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