El Gobierno se mueve para rearmar un núcleo duro español en Telefónica

La inesperada irrupción de Arabia Saudí en Telefónica y su intención de convertirse en el mayor accionista del grupo -anunciada hace dos meses- puede desatar otros movimientos en el capital del grupo e incluso puede acabar con el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total.

El Gobierno se mueve para defender la autonomía de Telefónica y estudia fórmulas para rearmar un núcleo duro de accionistas españoles que serviría de contrapeso a Saudi Telecom, la operadora controlada por el Estado de Arabia Saudí. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha confirmado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está valorando comprar una participación en Telefónica.

Arabia debe pedir permiso al Gobierno si quiere ejercer un control accionarial en Telefónica por encima del 4,9% y cumple su objetivo de llegar al 9,9%. Una petición que Saudi Telecom no ha formalizado. Ahora, la posible entrada de SEPI en el capital, en solitario o en coordinación con otros grupos empresariales nacionales, permitiría conformar un reforzado núcleo estable de socios españoles en su intento de blindar el control de un grupo que el Gobierno considera estratégica, por su vinculación con defensa y la seguridad nacional y por su papel clave en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología.

Desde el Gobierno se evitó ayer comentar si entre las maniobras que estudia para velar por la autonomía de la compañía y, a la postre, por su españolidad, figura la posibilidad de que el holding público de participaciones industriales SEPI compre un paquete accionarial en Telefónica, apoyado por empresarios españoles, como había adelantado El Confidencial. La propia SEPI ha sido la que ha tenido que confirmar que está realizando un “análisis exploratorio interno” sobre una eventual adquisición

La SEPI confirma que estudia entrar en Telefónica tras la irrupción de Arabia Saudí

El brazo de la SEPI

La toma de un 5% por SEPI, que es el paquete que el sector maneja como el que el holding público se plantea asumir, permitiría crear un núcleo estable de accionistas españoles, junto a BBVA (4,87%) y Caixabank (3,5%, que suma otro 1,5% en manos Criteria, el brazo inversor de Fundación Caixa). La suma de los tres paquetes rozaría el 15% del capital de la teleco y desbordaría el 9,9% al que aspira controlar Arabia Saudí.

SEPI ya ha protagonizado en el último año movimientos corporativos para velar por la españolidad y por el control de empresas que se consideran estratégicas. El holding público ha elevado su participación en la tecnológica Indra, que el Gobierno quiere impulsar el gran grupo nacional de defensa, y ya controla casi el 28% tras la salida de Corporación Financiera Alba, de la familia March.

SEPI es el brazo inversor con el que el Estado controla multitud de empresas total o mayoritaramente públicas, como Correos, Navantia, RTVE, Agencia Efe, Tragsa o Enusa. El holding también controla participaciones minoritarias en grupos de sectores estratéticos, como el grupo aeronáutico Airbus (4,12%), Alestis Aerospace (24,05%), Ebro Foods (10,36%), Enagás (5%), el grupo de residuos nucleares Enresa (20%), el grupo de satélites Hispasat (7,41%), el grupo aéreo IAG (2,53%) o el gestor del sistema eléctrico Redeia (20%).

La adquisición de esa participación supondría el regreso del Estado al capital de Telefónica 24 años después. Durante los noventa, los gobiernos de Felipe González y José María Aznar diseñaron y ejecutaron varios proceso de privatización que quedaron formalmente concluidos en 1997, pero que se completaron definitivamente hasta la venta en 1999 de la última participación pública residual del 0,2% que aún quedaba.

La irrupción de Arabia

Saudi Telecom (STC), la operadora controlada por Estado de Arabia Saudí, aspira a convertirse en el principal accionista de la Telefónica, con una participación del 9,9%, y para conseguirlo debe contar con el permiso explícito del Gobierno español. Transcurridos casi dos meses desde que STC anunció su entrada en el capital de Telefónica, el grupo saudí sigue sin formalizar la solicitud de autorización ante el Gobierno para completar el control del paquete accionarial del 9,9%, sigue sin desvelar cuándo lo hará y sigue sin confirmar si solicitará sentarse en el consejo de administración del grupo español.

El Gobierno ha insistido durante los dos últimos meses en destacar el carácter estratégico de Telefónica para España y su intención de velar por la autonomía de la compañía y por los intereses nacionales en todo momento. Ahora el Ejecutivo en funciones moviliza a la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, para explorar su entrada en el accionariado de la teleco como posible escudo. Un movimiento que crearía un contrapeso español en el accionariado sin necesidad de vetar que STC complete la compra del 9,9%, lo que podría generar un choque con un socio económico clave para España como es Arabia Saudí (tradicional proveedor de petróleo y cliente preferente de grupos estratégicos nacionales como Navantia, grandes constructoras o del consorcio del AVE a La Meca).

Saudi Telecom, controlada en un 64% por uno de los fondos soberanos de Arabia, se mueve para tranquilizar los ánimos y confirmar las intenciones amistosas de la operación. Saudi Telecom aprovechó la presentación de sus resultados trimestrales para prometer "cooperación" con Telefónica y mostrar su plena "confianza en el crecimiento y el potencial al alza" del grupo comandado por José María Álvarez-Pallete.

Saudi Telecom ha adquirido una participación directa del 4,9% de las acciones de la compañía española y otro 5% de manera indirecta mediante derivados financieros, por un total de unos 2.100 millones de euros. El grupo saudí actualmente sólo puede ejercer los derechos de voto correspondientes a ese paquete directo del 4,9%, y fuentes conocedoras de los planes de la compañía árabe confirman que su intención sigue siendo ejecutar esos derivados para alcanzar la cota del 9,9%.

La operadora árabe debe pedir permiso al Ministerio de Defensa y contar con el ‘ok’ posterior del Consejo de Ministros si pretende ejercer los derechos políticos hasta el 9,9% o si confirma su intención de tener presencia en el consejo de administración de Telefónica, como establece la regulación del ‘escudo antiopas’ para empresas estratégicas vinculadas con defensa. El Gobierno no puede tomar una decisión sobre la participación saudí si el nuevo inversor no mueve ficha y activa el proceso para superar la cota actual.