Energía
España busca grandes fábricas dispuestas a parar en caso de emergencia eléctrica
Red Eléctrica ultima la subasta del servicio de respuesta de la demanda para que industrias dejen de funcionar para reducir de urgencia el consumo de luz, a cambio de pagos de unos 100 millones
El gestor anticipa que puede tener que activar el servicio durante 2024 con cerca de 70 paradas forzosas y durante 200 horas. En 2023 sólo se utilizó en una ocasión.
![Una torre de transporte de energía perteneciente a red eléctrica, con la ciudad de Bilbao al fondo.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/b5c12ce7-0601-4de7-818b-cdcd4b5ed90d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Una torre de transporte de energía perteneciente a red eléctrica, con la ciudad de Bilbao al fondo. / EFE
David Page
España activó durante la crisis energética un nuevo sistema para reducir el consumo de luz de urgencia en caso necesidad urgente y que venía a sustituir al anterior servicio de interrumpibilidad. El mecanismo permite la parada obligatoria de fábricas industriales para recortar el consumo de electricidad si es necesario y evitar desajustes entre la producción eléctrica y la demanda que se necesita cubrir en cada momento en todo el país. Red Eléctrica busca ahora más factorías industriales o compañías energéticas dispuestas a parar a momentos su actividad durante 2024 en caso de emergencia a cambio de una retribución millonaria.
Red Eléctrica de España -el gestor del sistema eléctrico español- ultima la celebración de una subasta que arrancará el 30 de noviembre con la presentación de ofertas por parte de las fábricas y que finalizará el próximo 4 de diciembre. Las compañías adjudicatarias ofrecerán en la subasta una cantidad de potencia eléctrica que pueden dejar de utilizar durante unas horas y un precio al que están dispuestas a dejar de funcionar.
El servicio de respuesta activa de la demanda ha estado vigente durante un año, pero el mecanismo activado en la anterior subasta de finales de 2022 expiró el pasado 31 de octubre y no volverá a estar activo hasta el 1 de enero de 2024. Esto es, el sistema eléctrico español funcionará durante dos meses sin esta fórmula que busca ser una salvaguarda para evitar apagones. “La operación del sistema cuenta con otros mecanismos de balance que están plenamente operativos”, esgrimen fuentes de REE acerca del limbo de dos meses en que no estará activo este sistema de protección.
Las condiciones establecidos para la próxima puja contemplan un requerimiento de respuesta activa de la demanda para una potencia de hasta 1.812 megavatios (MW), frente al máximo de 1.352 contemplados en la puja del año pasado (aunque finalmente sólo se adjudicó para menos de la mitad de esa potencia interrumpible). Durante el año pasado sólo se obligó al parón de fábricas en una ocasión. A pesar de ello, REE estima que a lo largo de 2024 se podrían producir alrededor de 69 órdenes de activación del servicio especial (lo que supondría parar fábricas en un total de 207 horas, dado que las paradas son para periodos de tres horas).
Una parada en un año: 94 millones
Red Eléctrica organizó en octubre de 2022 pasado la anterior subasta en busca de grandes consumidores de electricidad, comercializadoras y agentes del mercado eléctrico dispuestos a detener el consumo de luz si fuera necesario a cambio de una retribución específica. Como resultado de esa puja, el sistema eléctrico peninsular contó durante un año con 497 MW de potencia dispuestos a reducir su consumo en momentos puntuales para garantizar el equilibrio entre generación y demanda.
Las fábricas adjudicatarias de aquella subasta del sistema de respuesta activa de la demanda recibieron una retribución fija de 69,97 euros por cada MW asignado y hora, contando que debían estar disponibles para parar y prestar el servicio de urgencia un total de 2.714 horas al año (un 31% de todas las horas del año, concentradas en los días laborales y en diferentes periodos horarios del día que cambian en función de los distintos meses).
La retribución total que percibieron las compañías fue de 94,3 millones de euros durante un año de manera fija, a los que se sumarían pagos puntuales cada vez que fueran obligadas a dejar de funcionar en función del tiempo de parada y del precio del mercado eléctrico del momento. Durante el año pasado, el sistema de protección sólo fue activado en una ocasión. El parón fue en la noche del pasado 4 de septiembre, cuando REE ordenó la parada obligatoria de varias fábricas industriales para reducir el consumo de electricidad nacional y evitar un desajuste importante por no disponer de suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda.
Red Eléctrica lanzó la orden a las factorías de que detuvieran su consumo de luz a las 21.59 horas de aquel lunes para evitar un problema provocado por la parada no programada de la central nuclear de Ascó, en Tarragona, por un fallo interno, y que coincidió con una menor aportación de la producción de parques eólicos de la esperada y también con un alza de las exportaciones de electricidad, según confirman varias fuentes oficiales.
En la noche del 4 de septiembre se ordenó la detención de toda esa potencia disponible, los 497 MW íntegramente, reduciendo el consumo de luz en 1.424,7 megavatios hora (MWh), según los registros oficiales de REE. Por aquella parada forzosa las factorías afectadas recibieron 189.756 euros extra (a razón de 133,19 euros por cada uno de los 1.424,7 MWh no consumidos aquella noche), que se suman a la retribución fija pactada para todo el año.
El temor a un desajuste aquella noche de principios de septiembre provocó que varias fábricas tuvieran que detener su actividad. Fue la primera vez que se puso en marcha el nuevo sistema de respuesta activa de la demanda, aprobado un año antes por el Gobierno como parte del Plan +Seguridad Energética, y que sirve para reducir de manera rápida altos consumos de electricidad (especialmente de la gran industria) para evitar desvíos graves en el funcionamiento del sistema eléctrico.
Desde Red Eléctrica se subraya que, pese a la activación del sistema de urgencia, aquella noche no hubo un riesgo de apagón. “La continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de la orden de activación garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual en la que se vieron reducidos los recursos disponibles en el sistema”, explican fuentes del gestor del sistema eléctrico.
El gasto milmillonario de la interrumpibilidad
El sistema de respuesta activa de la demanda está diseñado para aplicarse sólo en momentos puntuales para asegurar la continuidad del suministro en situaciones de escasez de energía en servicios concretos de ajuste del mercado eléctrico (como la reserva de sustitución o la regulación terciaria). Las paradas de las fábricas sólo pueden tener una duración máxima de tres horas al día por cada compañía adjudicataria del servicio y se ha de hacer un preaviso a las empresas con al menos 15 minutos.
El actual servicio de respuesta activa de la demanda vino a sustituir al antiguo programa de interrumpibilidad que estuvo vigente en España durante más de una década, desde 2008 y a 2019. El nuevo sistema busca evitar desequilibrios entre generación y demanda en el conjunto de España integrándose en los propios servicios de ajuste del sistema, mientras que la anterior interrumpibilidad era un escudo para situaciones de seguridad de carácter local tanto por falta de suministro o por grandes subidas del precio de la electricidad. En el actual servicio participan apenas una quincena de compañías, el antiguo sistema retribuía a más de un centenar de grandes factorías.
Durante el primer año de vigencia del nuevo sistema el coste ha sido de poco más de 94 millones y se ha utilizado en una ocasión. El servicio de interumpibilidad tuvo un coste que se cargaba en los recibos de la luz de un total de 5.258 millones de euros durante los doce años en que funcionó (en 2019 el importe fue de unos 200 millones de euros, pero en ejercicios previos se superaban de manera permanente los 500 millones anuales e incluso en 2014 se rozaron los 660 millones de euros.
Entre 2008 y 2017, toda una década, Red Eléctrica casi no utilizó el sistema de interrumpibilidad, ordenando en todo ese tiempo el paro forzoso de fábricas durante sólo cinco horas (aunque las factorías debían atender de manera obligatoria a paradas para realizar comprobaciones de que el sistema funciona bien, a razón de unas 88 horas por año). En los dos últimos años en que estuvo vigente, una reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy facilitó la activación del sistema por motivos económicos, para evitar fuertes subidas del mercado eléctrico por desajustes entre oferta y demanda. En 2018 la interrumpibilidad se activó en 50 ocasiones, en 2019 sólo funcionó tres veces.
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