La inflación dispara la pobreza energética en Galicia al nivel más alto en dos décadas: el 19%

“Hay hogares que enferman”. Con esta contundencia alerta de las consecuencias de la pobreza energética Ana Pardo, presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN Galicia) y la organización Provivienda, que destaca los efectos sobre la salud de vivir en pisos mal aislados y sin calefacción y de carecer de recursos suficientes para pagar las facturas de la luz, lo que provoca que no se enciendan los calefactores y se tire de mantas para combatir el frío y la humedad. “En esas familias vemos que hay una mayor incidencia de enfermedades físicas, como más resfriados o problemas respiratorios, pero también mentales. El saber que no puedes encender las estufas porque apenas te llega para el alquiler te mina mentalmente”, ilustra.

El impacto de la pobreza energética se disparó el año pasado en la comunidad gallega al mayor nivel en dos décadas, afectando prácticamente a uno de cada cinco hogares. Del 13,8% de familias que reconocían no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en 2021, se pasó al 19,1% el año pasado, según los datos de la Encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esos más de cinco puntos de aumento suponen un 40% de incremento anual, la mayor subida de todas las comunidades. A nivel concreto, significa que más de 209.300 familias gallegas —compuestas por 514.000 personas— padecieron frío en sus viviendas en un 2022 marcado por una inflación desbocada, que llegó a niveles inéditos desde la Transición. Esa cifra supera en 58.000 los hogares de 2021, según las estadísticas del INE.

“Las cifras son una barbaridad y a todas las entidades sociales nos preocupa mucho. Las medidas implementadas tras la pandemia del COVID-19 como barrera contra las consecuencias económicas han ido desapareciendo y a ello se une el alto coste de la vivienda y de la cesta de la compra”, relata Ana Pardo sobre los factores desencadenantes de un aumento del 40% del indicador que se suele emplear como termómetro para medir la pobreza energética. Además, las familias con ingresos más bajos o en riesgo de exclusión residen en inmuebles con peores condiciones de habitabilidad. “Las familias más vulnerables suelen tener las peores viviendas, con aislamientos deficientes y sin calefacción. Además, es el gasto, el de la luz, que menos preocupa”, añade antes de incidir en el impacto sociosanitario de este tipo de pobreza.

Las cifras apuntalan esta percepción de la presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza, pues según los últimos datos disponibles del INE, 133.433 viviendas en Galicia carecen de calefacción, de las que 60.970 están ocupadas por familias que ingresan menos de 1.000 euros mensuales. “Detectamos en estas familias menores de edad que están constantemente enfermos y quizás una de las causas sea precisamente que las viviendas en que residen están en peores condiciones para afrontar humedad, frío o calor”, relata.

En el terreno de las propuestas, Pardo reconoce los beneficios del bono eléctrico que permite reducir la factura de la luz —existen ayudas estatales y autonómicas—, pero las entidades sociales detectan un muro de burocracia para las familias en riesgo de exclusión. “Debería ser más fácil tramitar este tipo de ayudas, mucha gente se queda por el camino porque no tienen determinado documento o no lo encuentran y cuando lo hacen, ya suman facturas impagadas y se arriesgan al corte del suministro”, detalla sobre los testimonios que llegan a las asociaciones que integran la Rede Galega contra a Pobreza.

Comunidades

A nivel estatal, la media de pobreza energética es del 17,7% de hogares, situándose con mayores porcentajes que Galicia Ceuta (24,2%), Extremadura (23,8%), Murcia (22,8%), Andalucía y Castilla-La Mancha (21,4), Melilla (21%), Cataluña (19,9%) y Comunidad Valenciana (19,6%). La menor incidencia se registra en Aragón (,4%), Navarra (9,1) y La Rioja (9,7%), según el INE.

“Paso el invierno tapándome porque no tengo para la calefacción ni para el agua caliente”

A sus 61 años, María —nombre ficticio porque no quiere revelar su identidad— finalizó hace unos días un contrato de sustitución por 20 jornadas que le ayudará a afrontar un poco mejor las Navidades, a pesar de un contexto de penurias económicas en el que vive. Es víctima de la pobreza energética y de la pobreza sin apellidos. “Paso el invierno tapándome con mantas porque no tengo para la calefacción ni para el agua caliente. Lo peor es la ducha”, describe. Aunque es beneficiaria del bono térmico, sus cuentas no le dan.

“No pago como antes, pero aun así no me llega. Y ahora vuelvo a estar sin trabajo”, se queja esta vecina de Vigo, que asume que toca “volver a buscarse la vida”. La vivienda ahoga las cuentas mensuales de María, que tiene tres hijos que, relata, tampoco pueden ayudarla. “Dos de ellos están también en el paro y el que tiene trabajo tiene dos hijos, tiene que pasarles manutención y su casa les cuesta 500 euros”, describe sobre su entorno. El encarecimiento del alquiler es señalado por las organizaciones sociales, como Provivienda, como un elemento determinante en la exclusión social.

“Yo pago 400 euros al mes por un apartamento que tiene una sola habitación y no ingreso tanto. El gasto mínimo de agua es inevitable, así que intento ahorrar con la luz. No la uso mucho”, reconoce antes de musitar un lamento sobre las dificultades que afronta de forma cotidiana: “Todo es un desastre”. Agradece la ayuda a Provivienda para gestionar algunas prestaciones autonómicas y municipales, que le permitieron esquivar el riesgo de perder su casa, tras adeudar hace un tiempo hasta cuatro mensualidades. “Con un trabajo, se solucionarían muchos problemas, pero quién me va a contratar con 61 años”, se pregunta.

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