El empleo de las empresas estatales en Galicia repunta gracias a Correos y Navantia

Cuando el Estado entre en el accionariado de Telefónica —ha anunciado que comprará el 10% de la compañía—, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tendrá participación en 26 empresas: 14 en las que es accionista principal y 12 en la que es minoritaria. A esta cifra hay que sumarle su presencia indirecta en más de 100 sociedades, además de las que se acogieron al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas creado en 2020 por el Ejecutivo central. Su objetivo es “aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de firmas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional”. Entre las que han recibido las ayudas estatales están el grupo metalúrgico Ferroatlántica, con una planta en Sabón, que, en febrero del año pasado, recibió 34,5 millones; la siderúrgica Celsa, que tiene una fábrica en A Laracha, que percibió 550 o la ingeniería Imasa, que tiene una delegación en A Coruña, y que logró 35.

Con Telefónica, que cuenta de momento con 650 trabajadores en Galicia, aunque, según los sindicatos, el ERE que ha presentado la multinacional afectará a la mitad de ellos, el empleo vinculado a sociedades participadas por el Estado registrará un repunte en la comunidad. Algo que ya ocurrió el año pasado. En la última década, la cifra de empleos de la SEPI en Galicia no había dejado de caer. En 2012, rozaban los 7.000 (6.991) y en 2021 habían descendido hasta los 5.798. Un 10% menos, según las memorias anuales del holding público. Sin embargo, durante el pasado ejercicio se produjo un repunte hasta los 6.281 trabajadores, gracias al aumento de personal, sobre todo, en Correos y Navantia.

En el marco del Acuerdo Plurianual firmado en la primera de estas compañías, el año pasado se puso en marcha un programa de jubilación parcial para el personal laboral vinculado a contratos de relevo. Pese a ello, Correos ha reforzado su plantilla en la comunidad, pero las organizaciones sindicales denuncian el deterioro de la calidad del empleo.

En Navantia, durante el pasado ejercicio se continuó con la renovación de la plantilla, contemplada dentro de su Plan Estratégico 2018-2022. En toda España, la empresa lanzó convocatorias para 1.658 personas, de las que 741 correspondieron a Ferrol; 506 a Bahía de Cádiz; 345 a Cartagena y 66 para su sede corporativa en Madrid. En abril, el astillero ferrolano inició la construcción de la primera fragata F-110, con el acto de corte de chapa, con lo que también aumentó el número de trabajadores.

Otras firmas participadas por la SEPI que tienen presencia en Galicia son Tragsa; la agencia de noticias Efe —que tiene una delegación en Santiago— o la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), que continuó en 2022 con la gestión del Instrumento Financiero de Garantía Centralizada.

La plantilla del Grupo SEPI a 31 de diciembre de 2022 se situó en 79.507 personas en toda España. El mayor volumen se concentra en Correos, con el 63,2%; Tragsa, con el 25,8%; Navantia, con el 5,7%, y la Agencia Efe, con el 1,4%.

Galicia es la cuarta comunidad que más empleados tiene del grupo público con el 7,9% del total. Solo la superan Madrid (21,2%), Andalucía (13,9%) y Cataluña (11,3%), según la última memoria anual del holding. El año pasado invirtió 213 millones a nivel nacional. El 14,5% (30,8 millones) fue en Galicia, sobre todo, por el arranque de la construcción de la F-110 en Ferrol. Solo Madrid (24,3%) y Andalucía (16,7%) lograron unos porcentajes mayores.

Además de la presencia en empresas con actividad en Galicia, la SEPI es titular, según apunta en su informe anual, de una parcela denominada Pedra da Regacha entre los municipios de A Coruña y Arteixo, que procede de la privatización de la extinta Inespal Metal, S.A. (antes Alcoa), y que se utilizaba como vertedero de residuos industriales procedentes de la fabricación de aluminio. Está clausurado desde julio de 2001 y tiene una extensión de 27.000 metros cuadrados. El año pasado envió al gestor de residuos peligrosos 150 toneladas de lixiviados producidos en este vertedero. También cuenta con otro similar en Huesca. El gasto del mantenimiento de ambos en 2022 fue de 48.000 de euros.

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