Las subastas de parques de eólica marina valorarán “el apoyo directo” a la pesca

Los criterios sociales suman hasta el 30% de los puntos | El máximo de las concesiones será 30 años | Se prevé una fase de diálogo público-privado para facilitar los proyectos

Julio Pérez

Iberdrola metió en la ventanilla de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica las dos primeras propuestas para levantar parques eólicos marinos en Galicia hace casi tres años. Ambos tienen una potencia de 490 megavatios (MW). La ubicación de San Brandán está a 12 kilómetros de la costa de Cedeira y Cariño y San Cibrao se sitúa a 13,5 kilómetros frente a Cabo Ortegal y Estaca de Bares. Desde entonces se presentaron otras diez iniciativas que suman más de 6.000 MW con el ojo puesto en la comunidad, la de mejores condiciones por calidad del viento y fondos marinos para el desarrollo de la offshore flotante en la Península. Hay cerca de 40 propuestas más pensadas para el resto del país, especialmente en Canarias, Cataluña y Andalucía.

Ninguna pasó todavía la criba de la administración. De hecho, ni siquiera son proyectos en firme. Se trata de documentos iniciales que esbozan a grandes rasgos los parques para que el ministerio traslade a las compañías cómo deben elaborar los informes de impacto ambiental. Además de Iberdrola, entre los interesados por estrenar la eólica marina en Galicia están Capital Energy, Ferrovial, Cobra, BlueFloat, IberBlue Wind y Abei Energy. Tras la aprobación de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) con las zonas aptas para los molinos en febrero de 2023, la carrera de la eólica marina en España cumple otro hito fundamental con la salida a consulta pública de la esperada regulación para las subastas de los espacios seleccionados y las adjudicaciones. Tendrán en cuenta criterios más allá de lo estrictamente económico para, entre otras razones, aplacar el rechazo del sector pesquero.

La norma de autorización de las instalaciones eólicas marinas y de las energías del mar en vigor se remonta a 2007. “Ante los avances del sector eólico marino, y gracias a conceptos tecnológicos como las instalaciones flotantes que han ampliado su alcance geográfico potencial, unido al nuevo marco europeo y nacional, se hace necesario el establecimiento de una nueva normativa”, justifica el departamento liderado por Teresa Ribera en el proyecto de real decreto que regirá el sector. Ese nuevo marco europeo contempla el impulso a 111.000 MW de capacidad de generación con eólica marina para finales de la década actual y 317.000 para mediados de siglo. La Hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar en España fija un objetivo de entre 1.000 y 3.000 MW en 2030 para parques flotantes y una horquilla que va de los 40 a los 60 MW para las energías del mar.

Es una de las palancas estrella de la descarbonización y la independencia energética después de los dolorosos quebraderos de cabeza que toda la UE sufrió con el estallido de la guerra en Ucrania y las sanciones a las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, pero también un potente ingrediente de la ansiada reindustrialización. “Este desarrollo, ordenado, respetuoso con el medio ambiente y compatible con otros usos y actividades en el mar, generará una importante actividad económica y permitirá crear unos 40.000 puestos de trabajo”, destaca Transición Ecológica.

Como ya había adelantado Sara Aagesen, la secretaria de Estado de Energía, de forma simultánea se otorgará a los ganadores de las pujas el régimen económico de energías renovables, la reserva de la capacidad de acceso a la red y de la concesión de uso del dominio público-marítimo terrestre. Es decir, el reconocimiento de un precio a largo plazo por la electricidad para garantizar la viabilidad del negocio, el “enchufe” necesario para volcar la producción del parque y el derecho a ocupar esa zona en alta mar. La concesión durará, como máximo, 30 años.

Una vez convocada por la propia ministra la puja para cada emplazamiento elegido, la normativa sometida a consultas ahora abre la puerta a “realizar un diálogo público-privado” con la participación de “los sectores afectados por las instalaciones renovables marinas, cuyo objeto será completar la definición de las características y requisitos que deben cumplir las instalaciones, así como los detalles del procedimiento de concurrencia competitiva”. El ministerio deja clara la razón de una de las principales novedades de la modificación legislativa: “favorecer su aceptación social y su integración con otros usos del mar, incrementando sus externalidades positivas y fomentando asimismo el desarrollo industrial de las zonas afectadas”.

La subasta sacará un cupo de potencia a repartir. Se podrá adjudicar a un único proyecto o a varios de menor potencia que compartan zona de desarrollo. La convocatoria marcará también el tipo de tecnología, la capacidad de acceso reservada y “los detalles de la fase de diálogo público-privado”. Los emplazamientos seguirán lo recogido en los POEM y “podrán establecerse asimismo varias áreas que competirían entre ellas para la adjudicación de la potencia”.

¿Qué requisitos se exigirán a los proyectos? Por un lado, los técnicos, vinculados al diseño de las instalaciones, como la ratio de ocupación del espacio, la distancia a la costa, el número de aerogeneradores o su contribución a la innovación. También “medidas para minimizar el impacto medioambiental y paisajístico”. Y de su otro impacto, el socioeconómico.

El proyecto de nueva regulación menciona expresamente “el potencial de desarrollo industrial y económico derivado del proyecto, en el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional, nacional y comunitaria”, junto con la “contribución a la resiliencia”, la participación de pymes y, señalando a la pesca como ejemplo, medidas “de compatibilidad con otros usos y actividades del medio marino” o “apoyo directo a estos sectores”. Los interesados deberán contemplar y costear el futuro desmantelamiento de los parques y ofrecer soluciones de economía circular para los componentes. Todos estos criterios que no son estrictamente económicos concentrarán hasta el 30% de toda la puntuación para la adjudicación.

España es el país con más instalaciones de innovación y pruebas: la Plocan en Canarias, la BiMEP de País Vasco y la Zona Experimental de punta Langosteira en Galicia.

la eólica marina

H Para Galicia se presentaron ya doce documentos iniciales para posibles parques que suman unos 7.300 MW.

1 Una docena de proyectos

H Los POEM identifican como posibles áreas de desarrollo el entorno de Ortegal, A Mariña de Lugo y la costa del sur de Pontevedra.

2 Cinco polígonos aptos

H Faltaba esta nueva normativa para guiar las subastas y los criterios de adjudicación.

3 La nueva regulación

Suscríbete para seguir leyendo