“Las sanciones a las empresas por no tener canales de denuncia pueden llegar al millón de euros”

Casi un centenar de personas asistieron ayer al V Congreso Gallego de Compliance, que se celebró en el Nordés Club Empresarial, organizado por la Asociación Gallega de Compliance (Agacom) y el Colegio de Abogados de A Coruña. El presidente de la primera institución, Alberto García Ramos, define el compliance como “la obligación que tienen las empresas y las organizaciones de disponer de un sistema de prevención de riesgos legales y, en concreto, la normativa obliga específicamente a tener un sistema de prevención de riesgos penales con un canal de denuncias y una persona responsable”.

¿Como están las empresas de Galicia en este apartado?

El compliance se introdujo en el código penal en el año 2015. Estaba muy poco implantado, salvo las grandes multinacionales, pero desde el año pasado que se aprobó una ley, que se llama de protección al informante, que establece la obligación de implantar canales de denuncias internos y colocarlos en la web y la obligación de investigar las denuncias que se reciben en empresas de más de 50 empleados, ha dado un impulso tremendo. La mayoría de las empresas gallegas de un cierto tamaño tienen algo de compliance y, por supuesto, un canal de denuncias interno. En los últimos dos años ha habido un empujón importante.

Entonces, este salto ha sido casi más por obligación que por necesidad.

Me temo que sí. Salvo las más grandes, que se mueven en otro ámbito, el resto, las de más de 50 empleados, se han visto forzadas por esta nueva ley. Y las de menos de 50 todavía no entran ahí, porque implica una inversión y un coste para la empresa.

Bajando al detalle, un empresario que tiene más de 50 trabajadores y que quiere cumplir con esta normativa, ¿qué tiene que hacer?

Lo primero es el canal de denuncias, que la ley establece que hay que tener. Ahí sí que le diría que tiene que tenerlo obligatoriamente, llamar a algún experto o alguien que te implante un canal de denuncias, que te lo ponga en la página web, tienes que nombrar un responsable del canal y tienes que dar conocimiento a tus empleados y a tus clientes y proveedores de que lo tienes. Y si se reciben denuncias tienes la obligación de hacer investigaciones internas como marca la ley. Eso es un requisito porque, además, la ley establece sanciones que en el caso de compañías llegan al millón de euros por no disponer del canal. Cuidado porque hablamos de una nueva obligación con un peso sancionador importante.

Tener un canal de denuncias puede ser sencillo, pero investigar la denuncia es más complicado.

Si tú recibes una denuncia en el canal, la ley establece la obligación de que hagas una investigación. Y eso es un tema complejo, con poca regulación todavía, pero te obliga a hacer como un mini procedimiento judicial interno a costa de la empresa y esa investigación interna es obligatoria. Y si no la haces, la ley establece un régimen sancionador. Es un tema complejo porque la empresa tiene que decir quién investiga, contratar un investigador externo, contratar un equipo, lo hago internamente y es un procedimiento que dura meses y cuesta dinero. Esta segunda fase, que es la consecuencia de disponer de canales, todavía está en pañales.

Estamos hablando del compliance en el sector privado, ¿y en el público?

El compliance en el sector público la verdad es que prácticamente no hay nada. Es cierto también, como dicen los del mundo público, que ellos tienen otros mecanismos de control de cumplimiento como los letrados de la Administración, la abogacía del Estado, el secretario de los ayuntamientos, el tribunal de cuentas o el consejero de cuentas, pero la ley dice que pueden establecer sistemas de compliance específicos para reforzar este campo, y, de hecho, las diputaciones forales del País Vasco, hace años que tienen sistema de compliance. Pero, por ejemplo, en Galicia y en la mayoría de administraciones que yo conozco, compliance no existe.

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