La Xunta destina 1,3 millones de euros en 2011 para que 203 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil custodien las instalaciones judiciales gallegas a través de un convenio firmado entre la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza y el Ministerio del Interior.

Este convenio, aprobado por el Consello en su reunión semanal, sustituye al anterior acuerdo firmado en octubre de 2006 que permitía dotar a los edificios judiciales de vigilancia y protección a través de guardias civiles en situación de reserva y de miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en segunda actividad.

Según ha recordado la Administración autonómica, este acuerdo se prorrogó sucesivamente hasta el año pasado, cuando "ambas partes decidieron redactar un nuevo texto acorde con la realidad judicial gallega".

Con este fin, en el nuevo convenio se fija la distribución de efectivos para la vigilancia en sedes judiciales para este año. De esta manera, se destinan un total de 203 efectivos, concretamente, 81 funcionarios del CNP --9 integrarán el equipo de mando y los restantes 72 se distribuirán en juzgados de toda Galicia-- y 122 guardias civiles en situación de reserva.

De estos 122 agentes de la Guardia Civil, 52 estarán en la Unidad de protección de Edificios Judiciales de la Comandancia de A Coruña, 12 en la Comandancia de Lugo, 16 en la de Ourense y 32 efectivos en la Comandancia de Pontevedra.

Por otra parte, el acuerdo también establece que el horario de los servicios de vigilancia y protección será de 24 horas al día en servicio permanente en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y de 7.30 a 22.00 horas en las sedes de las audiencias provinciales y de los juzgados con guardia de permanencia.

En este último caso, los sábados el horario será de 9.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas, mientras que los domingos y festivos solo hay vigilancia por las mañanas en horario de 9.30 a 14.30 horas. En las demás sedes judiciales se hace una jornada continuada, de lunes a viernes, de 7.30 a 15.00 horas.

Medidas judiciales a menores

Por otra parte, la Xunta colaborará con ocho comunidades en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores, tanto de internamiento como de medio abierto. Así, los ejecutivos autonómicos firmantes se comprometen a "facilitar a los otros plazas en los centros y servicios específicos de los que dispone", siempre y cuando estos recursos estén disponibles.

Según ha explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este acuerdo está derivado de la conferencia de Gobiernos autonómicos, en la que "no sólo" se pidió "el aplazamiento de la deuda" --ha recordado--, sino que también "se buscó el entendimiento y la cooperación", como "ya se hizo con las emergencias" y "hoy se hace con las medidas judiciales".

Este acuerdo, que tiene como fin promover un marco de colaboración que atienda siempre "el interés del menor", cuenta por el momento con la adhesión de Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Castilla y León.

En concreto, esta colaboración se delimita a ciertos supuestos, que están establecidos por el propio acuerdo de colaboración. Uno de los casos será cuando se acredite que el domicilio del menor o de sus representantes legales se encuentre en otra comunidad autónoma distinta de la del juzgado de menores sentenciador, mientras que otro podrá darse cuando sea necesario alejar al menor de su entorno familiar y social por resultarle perjudicial.

También se delimita a los casos en los que la entidad solicitante no disponga en sus centros de las plazas adecuadas al régimen o tipo de internamiento o medio abierto impuesto, mientras se mantenga dicha situación.

Galicia dispone de 106 plazas para el cumplimiento de las medidas judiciales de internamiento, y hay un total de 100 menores cumpliendo estas medidas. En lo que respecta a las medidas de medio abierto, en 2010 se ejecutaron en Galicia 1.100 medidas que afectaron a 852 menores.