Decidida a reducir el feísmo y las fachadas desnudas que abundan en Galicia, la Xunta ha endurecido las sanciones a quienes se nieguen a acatar las órdenes para concluir el exterior de sus viviendas. La Lei do Solo, cuyo anteproyecto pasó ayer a fase de exposición pública, incluye una novedad en este punto respecto al borrador que manejaba la Consellería de Medio Ambiente. En un principio, las sanciones para quien no realizase esos trabajos se mantenían entre los 300 y los 6.000 euros, cantidades que se han ampliado en el texto aprobado por la Xunta la semana pasada a una horquilla entre los 1.000 y los 10.000.

Cuando hace tres años el departamento entonces dirigido por Agustín Hernández perfiló su intención de convertir el paisaje en un elemento clave a la hora de elaborar los planes urbanísticos municipales, el feísmo centró parte de sus trabajos. Armonizar los entornos y acabar con las fachadas de ladrillo o cemento desnudos constituía una prioridad. De ahí que durante la tramitación de la nueva ley que regula el uso del suelo se haya optado por endurecer las sanciones.

El texto aprobado el pasado jueves -la undécima reforma de la Lei do Solo en doce años- fija un nuevo marco de sanciones, que podrían llegar a un máximo de 25.000 euros para el propietario que se niegue a ejecutar la orden de concluir su fachada. El documento establece que esas multas serán "reiterables trimestralmente hasta el importe máximo del coste de las obras a ejecutar", si bien desde el departamento dirigido por Ethel Vázquez se matiza que el reglamento que desarrollará la ley establece el citado tope, en sintonía con los criterios del plan de Inspección de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. La primera multa será de 1.000 euros, que alcanzará los 2.000 en el segundo trimestre y siguientes hasta los 25.000.

Los socialistas censuraron ayer el nuevo texto. El portavoz de urbanismo del PSdeG en el Parlamento, Xosé Sánchez Bugallo, lo tachó de "huida hacia delante" y recordó que las sanciones por no concluir el exterior de una edificación "ya están contempladas en la ley de 2002", al tiempo que recordó que cerca de la residencia oficial del presidente de la Xunta en Monte Pío existe una vivienda en esa situación sin que se haya tomado ninguna medida al respecto.

En la Lei do Solo de 2002, las sanciones por este tipo de construcciones eran de carácter potestativo, pero ahora pasan a ser imperativos. Los municipios ya no podrán elegir si sancionan o no a sus vecinos para forzarlos a concluir sus casas. Deberán hacerlo.

Además, Bugallo se mostró "completamente en desacuerdo" con la posibilidad de que la Xunta elabore los planes básicos de los concellos con menos de 5.000 habitantes, lo que entiende supone una "expropiación de las competencias municipales". Admitió, sin embargo, que los ayuntamientos puedan "delegar" en el Ejecutivo esa posibilidad en caso de carecer de medios técnicos para afrontar esa tarea.

Desde Medio Ambiente indican que solo se elaborarán los planes de aquellos municipios que lo soliciten, que luego podrán realizar alegaciones a esa propuesta.