Hostelería, construcción, promoción inmobiliaria, peluquería y tratamientos de belleza, comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco… Son los sectores en los que la Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social por un importe de casi 3 millones de euros. La operación, que se ha saldado con 13 detenidos, afecta a empresas de la comarca de A Coruña, Betanzos, Santiago y Cambados.
Una de las tramas investigadas fue creada por un padre y sus dos hijas y, pese a tener un elevado volumen de capital, no pagaban a sus trabajadores. Otra era gestionada por un matrimonio que había sido inhabilitado judicialmente para la actividad empresarial, pero que continuó creando mercantiles, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía en Galicia.
En menos de seis meses, los agentes han puesto nombre a los responsables de este fraude a la Seguridad Social. Las investigaciones arrancaron en noviembre del año pasado a raíz de varias denuncias de Tesorería para que la Policía investigara diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Las pesquisas revelaron que los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores.
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores se comprobó que, en todos los casos, se pretendía eludir el pago de la deuda mediante la creación de grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades en el punto de mira.
Los agentes han podido determinar la participación delictiva de 15 personas, sobre todo administradores de las empresas, testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares que han sido imputados por delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución, estafa procesal y contra el derecho de los trabajadores.
Entramados
La Policía Nacional destaca la creación de un entramado empresarial que desarrollaba su actividad en cafeterías con la venta de productos alimenticios, dirigido y gestionado por un padre y sus dos hijas desde el año 2006. Aunque en febrero de 2016 el padre se jubiló, nunca se desvinculó de las empresas y siguió ejerciendo como jefe de todas y figurando desde mayo de 2020 como administrador y socio único, pasando sus hijas a ser cesadas como socias fundadoras y administradoras mancomunadas.
La investigación también destapó la creación de un entramado empresarial que se fue sucediendo en el tiempo con la misma actividad: construcción de edificios, residenciales y promoción inmobiliaria. Fue creado y dirigido por un matrimonio, pero, a pesar de que el juzgado declaró concurso voluntario de acreedores en una de las empresas y, posteriormente, condenó al marido con inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a personas físicas y jurídicas durante cinco años, este hizo caso omiso. La empresa llegó a obtener ingresos anuales cercanos al millón de euros. Sin embargo, no se procedió al pago de cuotas a la Seguridad Social ni se solicitó su aplazamiento, y tampoco se realizó ningún trámite para reducirlas.
