“Contra el monopolio” en el sector del transporte por carretera en Galicia. Tras presentar una demanda por la vía penal contra la Xunta y Monbus por las concesiones en las líneas regulares y escolares de la comunidad, pequeñas y medianas empresas de autobuses darán también la batalla en la calle para denunciar “alteración de precios y concursos, corrupción política, prevaricación, tráfico de influencias, asociación ilícita y falsedad documental”, según denuncia Fernando García, vicepresidente de la asociación de transportistas Galibus.
Desde el colectivo, que representa a 30 compañías con una flota de 250 vehículos), advierten de que desde 2019 Monbus se ha hecho con 187 contratos para prestar el servicio por carretera en la comunidad pese —denuncian— a no cumplir con los pliegos de condiciones, desde carecer de una flota suficiente para atender todas las rutas y, en consecuencia, reducir las líneas regulares, repetir matrículas, muchas incluso ya caducadas, incumplir horarios o utilizar vehículos que superan los 16 años de antigüedad.
En protesta por este “atropello” al sector en Galicia y con el objetivo de que la Xunta revise el cumplimiento de las ofertas, de las que Monbus copa el 80%, pequeñas y medianas empresas del sector rodearán con 50 autobuses San Caetano en una protesta convocada para mañana a las 11.00 horas.
Ante la denuncia y las movilizaciones de las pequeñas empresas de autobuses en la comunidad, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade sostenían el pasado mes de febrero que en la licitación del Plan de Transporte Público de Galicia el procedimiento es “especialmente escrupuloso” por parte de los funcionarios de Mobilidade, “como así lo avaló el órgano administrativo independiente de control, el tribunal Administrativo de Contratación Pública, en todas sus resoluciones a los recursos presentados por las empresas u otros interesados”.
Desde Galibus ponen números al monopolio del sector en la comunidad: 187 contratos fueron adjudicados desde 2019 por la Xunta al grupo Monbus. En el concurso de 2019 se hizo con 52 lotes de transporte regular por carretera, en 2020, con otros 88 y el año pasado también se hizo con una parte importante de las líneas de transporte escolar pese a, denuncia el vicepresidente de Galibus, “incumplir de un modo reiterado las condiciones contractuales marcadas en las concesiones”. Las pequeñas y medianas empresas apuntan a las consecuencias que tiene este “trato de favor” por parte de la administración autonómica a Monbus: desde fomentar la despoblación al reducir las rutas, hasta provocar un aumento de la contaminación por el uso de una flota antigua.
“Circulan con vehículos con más de 16 años cuando el máximo ofertado en el concurso eran 10, reducen las líneas regulares, hacen cuatro colegios cuando deberían hacer dos, repitan matrículas”, censura el vicepresidente de Galibus, que advierten de que darán la batalla en los tribunales y en la calle por este “agravio” que, entienden, es delito al favorecer a una empresa cuando la licitación del transporte por carretera —defiende— iba en principio a estar orientada “por mandato de la UE para pequeñas y medianas empresas”. “Resulta que finalmente ese mandato de la UE para facilitar la competencia, fue la creación de un monopolio con Monbus”, denuncian los afectados, que en la demanda recién presentada ante juzgado de Instrucción número 4 de Vigo por “presunto delito de alteración de precios en concursos/subastas públicas, prevaricación, tráfico de influencias, asociación ilícita y falsedad documental”.
Desde Infraestruturas advierten de que el Tribunal Administrativo determinó “la legalidad y conformidad” de los pliegos y proyectos que rigieron la licitación en los contratos”, ya denunciados —recuerda— por la vía contencioso-administrativa con sentencia contraria a los denunciantes.
A raíz de la demanda interpuesta por Galibus, el BNG se comprometió con las pequeñas y medianas empresas del sector a llevar el asunto al Parlamento gallego, donde pedirá explicaciones sobre el proceso de licitación.
