Más de medio centenar de autobuses de pequeñas y medianas empresas en Galicia se plantaron ayer ante la sede de la Xunta para denunciar el “oligopolio” del sector del transporte público en Galicia, con Monbus al volante de la mayoría de líneas regulares y escolares en la comunidad y como beneficiaria del 80% de las concesiones otorgadas desde 2019.
Desde Galibus, que representa a 30 compañías con una flota de 250 vehículos, acusan a la Administración autonómica, en concreto a las Consellerías de Infraestruturas y de Educación, de adjudicar los contratos del transporte público a Monbus “a sabiendas” de que no cumpliría ni el número de líneas ni los horarios y denuncian además que no se inspeccione ni se multen los “graves incumplimientos” e irregularidades” de Monbus en sus rutas regulares y escolares. “Harían falta más de 600 autobuses para cumplir los 187 contratos licitados a Monbus”, advirtió ayer el vicepresidente de Galibus, Fernando García.
Ni flota suficiente para cubrir los servicios adjudicados, vehículos que superan los 15 años de antigüedad (el máximo fijado en los pliegos es de diez), incumplimiento de horarios, matrículas repetidas e, incluso, algunas caducadas. Son algunas de las “irregularidades” denunciadas por las pequeñas y medianas empresas del sector del transporte público en Galicia.
Coincidiendo con la protesta en Santiago, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reiteró ayer el “escrupuloso” proceso de adjudicación y aludió a los sucesivos fallos judiciales que así lo avalan. Vázquez defendió que su departamento cumple “escrupulosamente” la Ley de Contratos Públicos y alegó que todas las adjudicaciones están “avaladas por el tribunal de Contratos de Galicia”.
La titular de Infraestruturas insistió en que la Justicia ha dado la razón “de forma continua” a la administración ante los “diferentes recursos contenciosos interpuestos por parte del sector”.
Las pequeñas y medianas empresas, que acaban de presentar una demanda vía penal contra la Xunta y Monbus, reclaman a la Administración que investigue esos contratos. En una carta de 16 páginas remitida al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galibus, Alberto Peillet, le insta a revisar las concesiones por los “gravísimos incumplimientos” e “irregularidades” de la empresa beneficiaria, que desde el año 2019 se hizo con 187 contratos de líneas regulares y escolares en la comunidad.
El colectivo pone en el punto de mira a la Xunta por su “parcialidad” en las adjudicaciones y en las exigencias a los contratistas. Como responsable del monopolio de Monbus, señalan a la propia Administración, porque —denuncian— “demostró con sus actos su voluntad inequívoca de dar soporte a la extravagante oferta y de manipulación de una oferta pública” y tachan de “burla y afrenta” al conjunto de licitadores que una Administración “supuestamente neutral” opte “por alterar el resultado de un concurso público de una forma tan burda y evidente”. Desde Galibus denuncian los “incumplimientos, no solo respecto a las mejoras ofertas sino incluso sobre los mínimos exigidos en el pliego del concurso”. En este sentido, apuntan que el número de servicios realizados y los kilómetros a recorrer “no llegan en muchos casos ni siquiera al mínimo que exigían los pliegos”.
De “excéntrica y disparatada,” califican las pequeñas y medianas empresas de autobuses las ofertas de Monbus, que multiplican un 300% los servicios. “Tan solo un incremento del 30% obligará a cubrir horarios y calendarios en los que no existe ni puede existir demanda, tales como horas valle, o días en los que no hay demanda suficiente ni siquiera para una ocupación media del 10% de las expediciones previstas en el pliego”, cuestionan.
Con este mismo “patrón”, censuran desde Galibus, Monbus concurrió a las concesiones de 2017, 2020 y 2021. “Esto —sostienen— solo puede interpretarse que el concesionario contaba con la seguridad de que, repitiendo la misma estrategia de ofrecer mejoras que no pensaba cumplir, contaría con la inactividad de la Consellería, que ni la sancionaría ni le impondría el cumplimiento estricto de las mejoras que habían determinado en gran medida la adjudicación de los servicios”. “La Administración era consciente de que las mejoras no podían implantarse porque ello implicaría la quiebra de la concesionaria”, denuncian las pequeñas y medianas empresas del sector, acusando a la Xunta de “adjudicar a sabiendas que no podría exigir el cumplimiento de las ofertas y a sabiendas de que daba validez a unas ofertas vacías de contenido que despojaban a otros empresarios de su derecho a la adjudicación de un contrato”.
Galibus carga contra la Xunta por “no inspeccionar ni sancionar” los incumplimientos de Monbus. “La multitud de incumplimientos en las antigüedades de los vehículos, en los horarios de prestación de servicios, en volumen de servicios y en las ofertas de mejora por incremento de servicio tienen carácter estructural y continuado y no se han atajado con la imposición reiterada de sanciones y la resolución subsiguiente de los contratos”, denuncian.
