El edificio CINC de la Cidade de Cultura en Santiago se convertirá a partir del 5 de octubre en la mayor sala de vistas de la historia de Galicia. Ese día dará comienzo el juicio por el accidente del Alvia —ocurrido hace nueve años— en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas tras descarrilar el tren cuando se aproximaba a la estación compostelana. Los preparativos ya han concluido esta semana y el coste de organizar semejante operativo llega a los 930.000 euros, según avanzó ayer el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
En las instalaciones del Gaiás, además del tribunal, se reunirán al menos 110 abogados y 165 víctimas, además de los testigos —casi 500— y los peritos —unos 200—, medios de comunicación y público. La gerente de la fundación Cidade da Cultura, Ana Vázquez, cifró en 1.058 los metros cuadrados el espacio dispuesto para la celebración del juicio.
500 metros para la sala de vistas
En concreto, serán 508 metros para la sala de vistas (más que la configurada para el juicio del Prestige), 172 para oficinas judiciales para la jueza y fiscalía, 181 para la sala de prensa, 122 para la del público y 75 para la de togas y cafetería.
Vázquez, que dio los detalles junto a Diego Calvo y el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, señaló que en las próximas semanas se realizarán varias pruebas para poder comenzar “sin ningún fallo”, aunque ya se cuenta con la experiencia del macrojuicio del Prestige —celebrado en ExpoCoruña—, al que supera en dimensiones.
Por su parte, el vicepresidente segundo destacó las “importantes características” de un juicio que hacían “imposible celebrarlo en las dependencias judiciales” de la capital gallega, de ahí la búsqueda de otro centro “para poder albergar a todas las personas y cubrir todas las necesidades que llevaba aparejado”. “Todo se hizo siguiendo las necesidades que el Juzgado de lo Penal número 2 nos iba pasando y poniendo encima de la mesa”, indicó Diego Calvo, quien valoró los “fáciles” accesos de la Cidade da Cultura, su conectividad con el aeropuerto “también rápida”, el espacio para aparcar y también para ubicar unidades móviles de televisión y radio.
La instrucción finalizó con dos acusados, el maquinista, Francisco Garzón, y el exresponsable de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte, que salió de la dirección de la empresa pública en mayo de 2021, contra los que se dirimirá si los hechos que se les imputan son constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y de un delito de daños.
El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.
