“Al límite” y al borde del “colapso”. Es la situación en la que se encuentran los juzgados y tribunales de la comunidad que llevan procesos de violencia de género, separaciones o divorcios debido a la escasa plantilla en los equipos psicosociales del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). La queja la hizo pública ayer el presidente del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, durante su discurso en el acto de apertura del año judicial en presencia, entre otras autoridades, del vicepresidentesegundo del Ejecutivo autonómico y conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, de cuyo departamento depende el organismo médico-forense. Para tratar de paliar los retrasos en la emisión de informes complejos, Castroverde desveló que ayer mismo la Sala de Gobierno del TSXG aprobó urgir a la Xunta la ampliación de personal de los equipos psicosociales del Imelga para evitar el colapso. Desde el Alto Tribunal gallego —advirtió— demandan “soluciones estructurales, no coyunturales”, por lo que defienden que la plantilla sea “estable y especialista en el ámbito judicial”.
La protesta del presidente del Tribunal de Xustiza se produce un día después de la comparecencia en el Parlamento del director xeral de Xustiza, José Tronchoni, donde anunció el refuerzo de los equipos psicosociales de las subdirecciones del Imelga ante el aumento de la demanda de este tipo de informes por parte de los juzgados. Este incremento, explicó Tronchoni, se debe en parte a la entrada en vigor en 2021 de la normativa estatal de reforma de la legislación civil y procesal en relación a la prueba constituida en las declaraciones de personas menores o con discapacidad. En la actualidad, el Imelga cuenta con 17 profesionales de Psicología y 17 de Trabajo Social que conforman os 17 equipos sociales en las 7 subdirecciones del organismo.
Un día después de este anuncio de refuerzo, el presidente del TSXG advirtió de las consecuencias que tiene en los juzgados gallegos este déficit en la plantilla del Imelga. “Los retrasos en la emisión de informes de cierta complejidad, entre los que figuran los relativos a la valoración integral de víctimas de violencia de género o los relacionados con procesos de separaciones o divorcios, son inadmisibles”, cuestionó Castroverde, quien advirtió de que los juzgados de Familia, los de Violencia sobre la Mujer y los de Instrucción son “los órganos más afectados por esta falta de personal y, en última instancia, las víctimas”.
Por otra parte, Castroverde denunció que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial es “una seria y gravísima anomalía constitucional, que puede que sirva a otros intereses, pero que no son los que conciernen a la ciudadanía, a la democracia y al Estado de Derecho”.
Los delitos informáticos se duplican en un año
El volumen de procedimientos que llega a los juzgados gallegos recupera las cifras preCOVID. Hasta un total de 102.320 procedimientos penales fueron incoados el año pasado en los tribunales de la comunidad, un 13,2% más que el ejercicio anterior, según datos avanzados ayer por el fiscal superior, Fernando Suanzes, en la apertura del año judicial. No hubo tipología alguna en la que se produjera un descenso, pero destaca el aumento de la delincuencia informática, con 2.101 casos, casi el doble que el ejercicio anterior. En estafas por internet, el incremento fue del 87% y representan casi el 85% del total de este tipo de infracciones penales. En su intervención, Suanzes aludió a los preocupantes datos de violencia de género en Galicia, con más de 6.700 casos en 2021.
