La Xunta busca la implicación de los concellos de A Coruña con la nueva ley del litoral
La provincia concentra casi la mitad de las edificaciones afectadas en Galicia
Redacción
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, defiende como “fundamental” la ley de costas promovida por el Ejecutivo gallego y asegura que no va “contra el Gobierno”. Su objetivo, argumentó, es dar “seguridad” a actividades del litoral gallego. Vázquez destacó que Galicia es la comunidad “que más kilómetros de litoral tiene”. La provincia de A Coruña cuenta con 1.825 edificaciones en dominio público marítimo terrestre, casi el 47% de todos los inmuebles afectados en la comunidad. Un total de 209 son industrias, casi el 60% de las 364 existentes en la costa gallega, según detalló la conselleira.
Moncloa se niega a traspasar las competencias del litoral a Galicia por entender que, como paso previo, primero es necesario reformar el Estatuto para darle amparo legal. Pero el Ejecutivo autonómico sostiene que no hace falta tal modificación. Y ante la ausencia de respuesta por parte de Madrid a las reiteradas reivindicaciones gallegas, la Xunta ha decidido promover una ley específica.
Con el objetivo de promover una ley de costas consensuada, la Xunta está realizando una ronda de contactos con los alcaldes de municipios costeros para darles a conocer cuáles son los motivos por los que el Gobierno gallego “da un paso al frente” y comienza los trámites para la elaboración de la futura ley de ordenación del litoral. Esta normativa está en fase de consulta pública previa hasta el próximo 17 de octubre. Con este tipo de reuniones, como la celebrada ayer en la sede territorial de la Xunta en A Coruña a la que estaban convocados todos los ayuntamientos costeros de la provincia, el Ejecutivo autonómico busca el “máximo consenso posible” respecto al nuevo texto legislativo. El objetivo es regular la franja litoral “desde una perspectiva ambiental, social y económica”. Vázquez ha señalado que las medidas aprobadas por el Ejecutivo central “desde 2018” imponen una “interpretación cada vez más restrictiva” de la ley de costas.
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