La reforma de la nacionalidad. Es el tema estrella en los foros de la emigración, en especial en Sudamérica, desde que el Gobierno publicó el viernes pasado la primera instrucción sobre beneficiarios y requisitos y que auguraba un proceso muy restrictivo. Pero esta misma semana, publicó una nueva que da un giro radical al abrir la puerta a hijos, nietos, bisnietos e incluso tataranietos de emigrantes españoles. Para el secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, la reforma es “una chapuza normativa” y además —advierte— genera “inseguridad jurídica”. Pese a la disparidad de instrucciones y las dudas interpretativas generadas, celebra que con la adquisición de la ciudadanía se puedan sortear los “obstáculos” con los que se encontraban los descendientes de gallegos para volver a Galicia. Rodríguez Miranda da por hecho que los índices de retorno aumentarán e invita a los interesados a recurrir al servicio de Emigración para buscar y documentar sus orígenes.
¿Qué le parece la reforma?
La improvisación en este Gobierno es el principal principio de actuación. Es una absoluta chapuza normativa. Los españoles del exterior en general y los gallegos en particular no se merecen esta forma de actuar por parte del Gobierno. Había unas demandas importantes desde la publicación de la Ley de Memoria Histórica, unas situaciones de agravio que había que corregir y que todos estábamos de acuerdo en hacerlo. Pero creo que no procedía, primero, en una ley con 60 folios meter una disposición de 10 líneas tratando este tema de manera absolutamente parcial. Días después de la publicación de la ley, se saca una instrucción con unas condiciones y cinco días después, otra instrucción que dice cosas completamente contrarias a las que habían dicho en la instrucción de cinco días atrás. Eso, además, genera muchísimas dudas jurídicas. Nos alegramos por todas aquellas personas que ahora van a poder colmar sus justas aspiraciones de acceder a la nacionalidad porque son descendientes de españoles, en nuestro caso de gallegos, y por diferentes motivos no podían ejercerlo. Pero no nos alegramos en la forma de hacerlo. Vamos a ver si al final es solución o se generan multitud de problemas y conflictos jurídicos.
Habla de dudas jurídicas...
Lo que nos sigue generando dudas con estos cambios de criterios e interpretación es que ello no vaya a provocar una inseguridad jurídica en todos los procedimientos, que van a ser muchos miles, y que no empiecen a aparecer disparidad de criterios a la hora de resolver. Por tanto, que no se acaben truncando las expectativas de muchas personas que parece que ahora tienen ya todo el camino llano para acceder a la nacionalidad. Es la reflexión que hay que hacer en este momento y también la advertencia. Esto se va a resolver en muy diferentes lugares, y cuando hay cambios interpretativos tan grandes quiere decir que no hay seguridad a la hora de hacer esos criterios interpretativos. Eso va a determinar que pueda haber conflictos jurídicos derivados de la aplicación de esta norma. Ya no me extrañaría que en unos días podamos tener una instrucción aclarando ciertas cuestiones. No es de recibo que una ley recientemente aprobada tenga en menos de ocho días, dos instrucciones interpretativas, además tan dispares.
El Gobierno habla de entre 300.000 y 350.000 beneficiarios, en torno a un tercio gallegos. ¿Qué estimaciones tiene la Xunta?
Es imposible determinar una cifra de personas que no siendo españoles no están en ningún tipo de registro. Es una norma que acaba de salir y hay que hacer un análisis profundo para sacar conclusiones reales y fundamentadas. No me atrevo a hablar de cifras. Tampoco ningún órgano del Estado tiene datos que puedan atestiguar esta cifra.
¿La documentación que se solicita será una traba?
La documentación que se pide es la exigible, la normal para acreditar los vínculos. No se puede conceder una nacionalidad por vínculos sanguíneos si no los puedes acreditar. En ese sentido, la Secretaría Xeral de Emigración tiene un servicio desde hace muchos años orientado para ayudar a la gente para buscar y documentar sus orígenes. En el proceso de Ley de Memoria Histórica nos ha permitido ayudar a miles de personas. Este año el número de consultas es muy bajito, pero ahora verá multiplicada su demanda de información y apoyo. Ayudará a mucha gente a documentar su origen y facilitar el acceso a la nacionalidad.
En consulados como Buenos Aires desayunaron ayer con la nueva instrucción y ya estaban dando citas para agosto… ¿están preparados los consulados?
Los consultados tienen un fuerte problema. Muchos de ellos de dotaciones de efectivos de personal. En muchos de los lugares ya se reclamaba un aumento para atender a la gente. Esto va a exigir una actuación especial para que la gente pueda acceder en condiciones y hacer el ejercicio de un derecho que la ley habilita. No puede haber trabas administrativas que lo imposibiliten.
¿Cuáles serán los principales países beneficiarios?
Uno de los países más beneficiarios será Argentina porque hay medio millón de españoles, en torno a 180.000 gallegos. También lo va a ser Uruguay, lo será también Brasil, Venezuela y de manera relevante también Cuba, que es una emigración más anterior en el tiempo.
¿Y el perfil más numeroso?
Es un muy difícil determinar eso. En general, las personas que estén en tercera generación, es decir los nietos. También hay un colectivo importante, que entendemos que podrán acogerse, que son las personas de entre 18 y 21 años que no ratificaban la nacionalidad.
¿Cree que la reforma provocará un boom migratorio o quienes la solicitan lo hacen por cuestiones identitarias?
En este tema, vamos a tener ventaja aquellas comunidades autónomas que llevamos mucho tiempo trabajando por mantener y reforzar el vínculo con nuestras comunidades en el exterior. En el caso de Galicia, para nosotros el hecho de poder incorporar más personas con nacionalidad va a ser una oportunidad añadida, pues que en estos momentos tenemos un índice de retornos muy importante. Estamos trabajando intensamente desde hace varios años para facilitar ese retorno a Galicia. Muchas personas que eran descendientes de gallegos, hijos y nietos, no tenían nacionalidad, se encontraban con obstáculos a la hora de poder volver a Galicia. Con la nacionalidad esos obstáculos automáticamente quedarían, buena parte de ellos, apartados y por tanto eso nos da una oportunidad de poder consolidar y mejorar ostensiblemente las cifras de retorno, que, evidentemente, nos beneficia desde el punto de vista de ciudadanía, de sociedad gallega. En primer lugar, ellos tienen un derecho a volver a casa y en segundo lugar, en el Reto Demográfico para nosotros es un soporte fundamental, ya se evidenció en el año 2019 donde por las cifras de entrada de personas del exterior hemos conseguido revertir el saldo vegetativo y Galicia ha ganado población. Y, en tercer lugar, porque incorporar a personas de diferentes países del mundo con un amplio conocimiento profesional, académico, da una ventaja competitiva muy importante a nuestra sociedad y, por tanto, a nuestras empresas.
“Es necesaria una ley específica”
La nacionalidad conlleva entre otros derechos, el de sufragio. ¿Se busca con esta reforma también una mayor movilización del voto emigrante, máxime cuando se acaba de suprimir el tan cuestionado voto rogado?
El tema de nacionalidad ha viajado parejo todos estos años con la reforma del voto. Son las dos grandes reivindicaciones de las personas en el exterior. Si el Gobierno pretendía con esto generar un efecto político, desde luego lo ha hecho bastante mal.
¿Cuánto tarda de media un proceso de nacionalización? ¿Los nuevos nacionalizados votarán ya en las generales o se estrenarán en las autonómicas gallegas?
En los últimos años los procesos de nacionalidad tardaban años. Los antecedentes inmediatos y recientes nos llevaría a pensar precisamente eso.
Con las sucesivas reformas en materia de nacionalidad, colectivos de la emigración se quejan de que solo son parches. ¿No debería aprobarse una ley de nacionalidad, como tienen países del entorno?
Está claro que se ha evidenciado que era necesario reformar cosas. Todos estábamos de acuerdo. Antes del inicio de la actual legislatura, después de la moción de censura, el Senado había aprobado una iniciativa legislativa específica en materia de nacionalidad que solucionaba todos los problemas que estaban en tela de juicio, todas las situaciones de agravio comparativo. Esa iniciativa que era lo ideal en aquel momento pues no pudo ver la luz en el Congreso porque se truncó la legislatura. La reflexión sobre cual es el mecanismo la tendríamos que hacer entre todos. Si una ley de nacionalidad... Pero cuando menos una ley que específicamente regulase estas cuestiones que hay que resolver, pero no a través de este mecanismo que se ha utilizado en este caso que es absolutamente chapucero. Esperamos que a todas estas personas que se incorporen como españoles, eso les facilite la vuelta a casa, a Galicia. Seguiremos trabajando para que eso sea una realidad.
