La Xunta pagará ya en este mes de noviembre la subida adicional del 1,5% a los empleados públicos, que establece la normativa estatal, según anunció ayer el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien señaló que se ha habilitado para este fin un crédito extraordinario de 78,3 millones de euros.
Corgos compareció en el pleno del Parlamento para presentar la ley que habilita esta subida adicional para compensar la inflación, que quedó aprobada ayer en un solo trámite de lectura única, y hexplicó que el incremento se abonará como atrasos desde primeros de año, ya que tiene carácter retroactivo a 1 de enero de 2022.
El cálculo de la cuantía se realizará para cada tipo de personal, con la parte proporcional que resulte y en función de los servicios prestados, ha puntualizado, tras recordar que la subida total en este año será de 3,5 % y para el año que viene será de un 4 %, ya que la que se aprueba hoy es consolidable.
La tramitación por lectura única de la ley para permitir el pago de este incremento salarial, que fue establecido por el Gobierno central, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, al considerar justificado su carácter de urgencia debido a que debe pagarse antes de final de año. La unanimidad, sin embargo, no se ha mantenido para la aprobación final de la ley, ya que el BNG se abstuvo frente a una normativa que cree que no llega “ni siquiera para compensar” la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos durante este año y tampoco para evitar el recorte que augura que se producirá en los servicios públicos.
Para el diputado del BNG Iago Tabarés, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos de Galicia desde el año 2010 ha sido del 18,5%, por lo que con esta medida extraordinaria que se ha aprobado hoy “no se compensa ni una cuarta parte”.
El diputado del PSdeG Gonzalo Caballero acusó al PP de “cinismo político” porque “no contribuyeron” a las normativas estatales para mejorar la situación del empleo público, que viene a defender al Parlamento, como la de estabilización que ya se empezó a tramitar en la Cámara gallega.
