Contas pide a los concellos pequeños más esfuerzo con la administración electrónica

El Consello de Contas reclama a los ayuntamientos de menor tamaño un mayor esfuerzo para completar la implantación de los servicios de la administración electrónica. Además recrimina a las Diputaciones de Lugo y Ourense que incumplen con su obligación legal de prestar apoyo técnico a los municipios de menos de 20.000 habitantes para desarrollar estos servicios a través de la red.

Contas auditó, además de a las cuatro diputaciones provinciales, a los ayuntamientos con una población comprendida entre 10.000 y 20.000 habitantes, aunque hubo trece concellos que no atendieron los requerimientos de información elevados por el órgano fiscalizador.

En el caso de las diputaciones, Contas explica que tanto la corporación de A Coruña como la de Pontevedra cumplen con su obligación legal de prestar apoyo a los ayuntamientos pequeños para implantar la administración electrónica. La cámara provincial coruñesa lo hace de forma directa, mientras que la de Pontevedra formalizó contratos con empresas privadas para prestar este servicio.

Sin embargo, la Diputación de Lugo limita su asistencia a las corporaciones locales a habilitar una línea de ayudas para compensarlos por los gastos de la administración electrónica. En el caso de la corporación de Ourense se llegó a formalizar un contrato con una empresa privada para dar este servicio técnico, pero finalmente en 2019 se rescindió porque los ayuntamientos de la provincia optaron por otras vías para implantar la administración electrónica.

En el caso de los concellos, aunque la totalidad tiene sede electrónica, expediente electrónico, registro electrónico y sistema de identificación y firma, hay algunas funcionalidades que no están desarrolladas en todos los ayuntamientos.

Por ejemplo, solo la mitad de los concellos tienen acceso a la plataforma de intermediación de datos, una aplicación del Ministerio de Hacienda que permite el intercambio de información. Y solo el 43% de ellos cuenta con archivo electrónico único, una herramienta que es obligatoria desde abril de 2021.