El Gobierno retiró el pasado año la pensión no contributiva a 1.300 gallegos por superar ingresos

El empeoramiento económico de las familias por la crisis de precios rebajó un 10% los subsidios anulados por incumplir el nivel de renta

Personas mayores en un parque.

Personas mayores en un parque.

paula pérez

Un total de 1.300 gallegos perdieron la pensión no contributiva el pasado año tras superar el límite de ingresos permitido. Éste es el resultado de los controles que anualmente realiza el Gobierno para comprobar que estos pensionistas siguen cumpliendo los requisitos. El empeoramiento económico de las familias por la crisis de precios ha contribuido, sin embargo, a que las prestaciones retiradas por exceder el nivel de renta se redujeran un 10% en un año. Las extinciones de este derecho registradas en 2022 son, de hecho, la cifra más baja, al menos, de los últimos seis años.

En Galicia hay 36.942 gallegos que cobran pensiones no contributivas de jubilación o invalidez. Estas prestaciones son aquellas que cobran las personas que no han cotizando nunca a la Seguridad Social o lo han hecho de forma insuficiente. Los jubilados cobran una media de 442 euros y las personas con invalidez perciben unos 525 euros.

El pago de estas pensiones tiene un coste para las arcas públicas de casi 162 millones de euros. Están sometidas, en todo caso, a intensos controles por parte del Gobierno. Se hacen dos tipos de revisiones. Por un lado, hay un seguimiento anual. Los beneficiarios de estas pensiones están obligados a presentar en el primer trimestre del año una declaración tanto de sus ingresos personales, como del resto de miembros de la unidad familiar referidos al ejercicio anterior, así como una previsión para el año en curso. Con esta información, el Gobierno revisa si se mantienen los criterios para seguir cobrando la prestación y también ajusta las cuantías que se pagan al pensionistas para adaptarlas en caso de que sus ingresos se hayan visto modificados. Pero además de estos controles anuales, que se hacen automáticamente a todos los pensionistas cada año, el Gobierno puede realizar inspecciones de oficio si sospecha de un cambio en la situación del pensionista o bien iniciar una revisión de la pensión a instancias del propio usuario.

Así, el pasado año se realizaron casi 43.000 controles —37.300 revisiones anuales y 5.500 de oficio y a instancia de parte—. Como resultado se modificó la cuantía de la pensión a un total de 3.961 gallegos jubilados o con algún grado de invalidez para adaptarla a su nivel de ingresos y a su nivel de discapacidad. Esta modificación puede ser bien al alza o bien para rebajar la ayuda. Pero además a otros 3.218 gallegos se les retiró la pensión no contributiva. Las causas pueden ser varias, pero las más comunes son por el fallecimiento del beneficiario (1.500 extinciones) o bien porque el pensionista supera el nivel de ingresos permitido: así ocurrió con 1.298 gallegos que se quedaron sin este subsidio. Se considera que existe carencia de ingresos cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2022, sean inferiores a 5.899,60 € anuales. Si se convive con otras personas en el hogar, la renta familiar depende del número de miembros y de la relación de parentesco. Por ejemplo, si se comparte hogar con el cónyuge no deberá sobrepasarse los 10.029 euros anuales. Si son 4 personas o más y se comparte vivienda con padres o hijos el límite está en 45.721 euros.

De los 1.298 gallegos a los que se les retiró la pensión, más de la mitad eran jubilados (681) y el resto cobraban un subsidio por invalidez.

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