¿Quién puede recibir el bono social térmico en Galicia?

La ayuda creada por el Gobierno de España, pagada conjuntamente con las comunidades autónomas, se concede directamente a los beneficiarios del bono social eléctrico

Un radiador.

Un radiador. / Shutterstock

Natalia Álvarez

Bono social térmico. Tres palabras que corren de boca en boca esta semana, después de que saliese a la luz que lo cobraban el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, y también la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Pero ¿qué es esta ayuda pública y quién puede beneficiarse de ella?

El bono social térmico se trata de un 'cheque' creado por el Gobierno de España para compensar los gastos térmicos de los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción, cocina y agua caliente.

Sufragado conjuntamente con las comunidades autónomas, son estas las encargadas de gestionarlo. En Galicia, la Xunta ha incrementado el presupuesto destinado al complemento autonómico de 2023 hasta los 11 millones de euros, por lo que los gallegos beneficiarios del bono social térmico reciben entre 278 y 523 euros por persona: 150 euros del gobierno gallego más lo sufragado por la Administración central, cuya cuantía depende de la zona climática en la que se resida y la condición de vulnerabilidad.

Requisitos para recibir el bono social térmico

El bono social térmico se concede directamente a los receptores del bono social eléctrico, sin necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud. La ayuda por beneficiario se abona en un pago único anual, en la cuenta corriente en la que se tiene domiciliada la factura eléctrica.

Del bono social eléctrico puede beneficiarse toda persona considerada vulnerable, vulnerable severa, en riesgo de exclusión social o miembro de un hogar con bajos ingresos según el Real Decreto-Ley 18/2022. Estos perfiles se fijan en base a los siguientes baremos económicos:

  • Consumidor vulnerable: la renta de la unidad familiar no debe superar 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas (12.159,42 euros/año). Si esta unidad la integran varias personas, se aumenta el índice del IPREM en 0,3 (2.431,88 euros/año) por cada miembro mayor de edad y en 0,5 (4.053,14 euros/año) por cada menor de edad. Este índice aumenta en 1 vez más si los solicitantes presentan alguna de las siguientes circunstancias especiales: discapacidad superior al 33%; víctima de terrorismo o de violencia de género; dependencia reconocida; familias monoparentales; familias numerosas; pensionistas con bajos ingresos o perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
  • Consumidor vulnerable severo: la renta de la unidad familiar debe ser igual o inferior al 50% a la fijada para los consumidores vulnerables. En caso de familia numerosa, la renta no puede superar 2 veces el IPREM (16.212,56 euros/año). Si se trata de perceptores de pensiones de jubilación o por incapacidad permanente, la renta no puede superar 1 vez el IPREM (8.106,28 euros/año).
  • Consumidor en riesgo de exclusión social: además de cumplir los requisitos del perfil de consumidor vulnerable severo, reciben una ayuda de los servicios sociales o de una administración local o autonómica que pague el 50% de la factura de luz.
  • Hogar con bajos ingresos: hogares con ingresos entre 1,5 y 2 veces el IPREM de 14 pagas, es decir, si el nivel de renta se sitúa entre 12.159,42 y 16.212,56 euros/año. Si la unidad de convivencia la integran varias personas, se aumenta el índice del IPREM en 0,3 (2.431,88 euros/año) por cada miembro mayor de edad y en 0,5 (4.053,14 euros/año) por cada menor de edad. Este índice aumenta en 1 vez más si los solicitantes presentan las circunstancias especiales ya indicadas en el caso de consumidores vulnerables.

¿Qué descuento reciben los beneficiarios del bono social eléctrico?

Hasta el 31 de diciembre de este año, los consumidores vulnerables tienen un descuento del 65% en su factura de luz; los vulnerables severos, un descuento del 80%; y aquellos en riesgo de exclusión social, un descuento del 100%. Los hogares con bajos ingresos, por su parte, obtienen una rebaja del 40% en la factura de la luz.

Además, el Gobierno también ha extendido hasta final de año la prohibición de cortar la luz a los beneficiarios del bono social eléctrico.

¿Cómo se solicita el bono social eléctrico?

Para pedir el bono social eléctrico es necesario, en primer lugar, contratar para la vivienda habitual el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (tarifa PVPC) con cualquier comercializadora. La ayuda se solicita a dicha comercializadora, que comparte con el Ministerio el listado de viviendas beneficiarias, para que les hagan llegar también el bono social térmico.

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¿Por qué lo ha cobrado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid?

Enrique Ossorio es padre de familia numerosa y todas las familias con más de tres hijos que tengan contratada la tarifa PVPC son considerados "vulnerables" y podían recibir, hasta el estallido de la guerra de Ucrania, una rebaja del 25% en su recibo de la luz independientemente de sus ingresos, mientras que el resto de consumidores deben seguir determinados criterios de renta. En el caso de ser vulnerables severos la ayuda se elevaba al 40%. Desde la invasión rusa a Ucrania, el Gobierno ha elevado estas ayudas al 65% y el 80% de descuento, respectivamente.

Como ya contó El PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, casi uno de cada tres beneficiarios del bono social eléctrico es una familia numerosa, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe del mercado minorista de gas y electricidad del año 2020. Una afirmación que se mantiene vigente, según los últimos datos de la CNMC que hacen referencia al mes de septiembre del año pasado. En concreto, hay 347.863 familias numerosas que se benefician de esa ayuda, de las cuales 244.141 son consideradas "vulnerables", es decir, no tienen que justificar criterios de renta, el 17% de todos los beneficiarios.

En los últimos dos años, el Gobierno, además de ampliar los porcentajes tras la guerra, también introdujo otros cambios, como que la renovación de esta ayuda sea automática. De esta forma se evita que los consumidores que se acogen a ella pierdan la prestación después de los dos años, cuando tenían que presentar de nuevo toda la documentación, lo que provocaba que muchos usuarios perdieran la ayuda.