Acuerdo entre patronal del transporte de viajeros y sindicatos para frenar la huelga

Ni tirados en las paradas de bus ni búsqueda de transporte alternativo para llegar al trabajo, a casa, a clases o a una consulta médica. La huelga indefinida de autobuses anunciada a partir del lunes día 8 por el sector del transporte público por carretera va camino de ser desconvocada, una movilización que, de cumplirse los servicios mínimos fijados por la Xunta, se suspenderían más de 1.000 servicios diarios. Tras una negociación in extremis, con un parón de 24 horas por las posiciones cada vez más alejadas y enquistadas entre patronal y sindicatos, ambas partes, bajo la mediación del Consello de Relacións Laborais, dependiente de la Consellería de Empleo, sellaron un acuerdo de mejoras salariales y laborales que pone fin al conflicto. Por la noche, las asambleas de trabajadores en las siete ciudades gallegas fueron ratificando el pacto, a excepción de Ourense, Pontevedra y Ferrol. Dijeron que sí A Coruña, Lugo, Vigo, y Santiago, por lo que el paro, autonómico, quedaría desconvocado, aunque por un margen muy justo de votos (51,1%).

Tras una primera reunión el martes en la que los sindicatos salieron con buenas expectativas, con la vista puesta en la convocatoria del jueves (el miércoles se reunió la patronal para preparar su propuesta), la siguiente cita se prolongó durante más de diez horas y acabó en ruptura. Sin acercamiento alguno, más bien todo lo contrario, con la presentación de unas siete propuestas por cada una de las partes. Le sucedió el viernes un intento frustrado de retomar las negociaciones y, finalmente llegó la convocatoria de este sábado que permitió desbloquear el conflicto y lograr un acuerdo.

Como punto de partida en su cruzada por las mejoras salariales y laborales en el sector, CCOO, CIG y UGT convocaron movilizaciones en A Coruña y Santiago, unas protestas que culminaron con una huelga de 24 horas el viernes 31 de marzo, en vísperas de fin de semana y en la antesala de las vacaciones de Semana Santa. Ese paro tuvo un seguimiento masivo y paralizó casi por completo la actividad en toda la comunidad. El sector no respetó los servicios mínimos, cumpliéndose solo el 45% de los fijados por la Dirección Xeral de Mobilidade, dependiente de la Consellería de Infraestruturas, lo que provocó la suspensión de más de 4.000 conexiones. Un preacuerdo sobre la subida salarial de 2021 y 2022 alcanzado in extremis el miércoles de la semana pasada, bajo el arbitraje del Consello Galego de Relacións Laborais, permitió la desconvocatoria convocatoria de la huelga de 48 horas anunciada para el jueves 27 y el viernes 29 de abril, que suponía la cancelación de al menos 1.600 servicios de conexiones interurbanas.

La primera jornada de huelga, justo antes de Semana Santa, se celebró en plena polémica por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre el entendimiento entre las empresas Monbus y Alsa, y la orden a la Comisión Galega da Competencia a incoar un expediente sancionador “por indicios de repartirse el mercado” al presentarse a varios contratos para transporte por carretera en Galicia en 2020.

Tres eran los ejes que llevaron al sector a fijar un calendario de movilizaciones y jornadas de huelga. El primero, la actualización de los convenios. Aunque son provinciales, los problemas de las plantillas son similares en toda Galicia. El segundo, el estado de los vehículos, con un mantenimiento deficitario y averías continuas, y el tercero, al estado del servicio (tardanza de los refuerzos, madrugones para evitar quedarse sin plaza, llegadas tarde al destino).

Desde la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar (Transgacar), reconocían en declaraciones a este periódico tras el anuncio de la huelga del 31 de marzo que apenas había margen de maniobra para atender las reclamaciones de los sindicatos ya que al desembolso que tuvieron que hacer las empresas con el plan de transporte público de la Xunta en 2019, con la renovación de la flota y los contratos; y el embate de la pandemia, con un parón de la actividad, se suma ahora el impacto de la guerra en Ucrania y la desorbitada inflación. El coste de los transportes creció desde enero de 2020 entre un 15 y un 16% y el 15% de las empresas del sector en la comunidad se vieron obligadas a echar el cierre.