Piden a la Valedora do Pobo que inste a la Xunta a resolver las oposiciones realizadas en 2019
La iniciativa parte del Colexio Oficial de Traballo Social
Europa Press
El Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (Cotsg) ha solicitado a la Valedora do Pobo que inste a la Xunta a que proceda, “con la máxima transparencia y celeridad posible”, a la resolución definitiva del proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de la escala de Técnicos Facultativos de Servicios Sociales, especialidad de Trabajo Social.
En una carta de queja dirigida a la Valedora, María Dolores Fernández Galiño, y firmada por la presidenta del Colexio, Miriam Rodríguez Sierra, el Cotsg recuerda que el objeto del proceso selectivo era “cubrir 81 plazas correspondientes a la oferta de empleo público del ejercicio 2019, a las que se acumulaban las de la oferta de los años 2017 y 2018”.
A día de hoy, explica el Colexio, casi cuatro años más tarde, el proceso selectivo no ha sido resuelto, “sin que existan previsiones de que su finalización sea próximamente y sin que tampoco la Administración ofrezca ningún tipo de información o aclaración al respecto”.
“A consecuencia de esta demora extraordinaria e injustificada en la resolución del procedimiento, son constantes las reclamaciones y quejas que por parte de las personas interesadas en el mismo están llegando a este colegio profesional, en virtud del cual solicitamos a la Dirección Xeral de Función Pública en escrito de fecha 6 de octubre de 2022, que con la mayor celeridad posible se procediera a la resolución definitiva del proceso selectivo, sin que hayamos obtenido respuesta alguna por su parte”, ha explicado el Colexio en la carta.
Además, apunta que esta demora en la resolución del procedimiento selectivo está causando “importantes inconvenientes” a las personas interesadas, que “ven gravemente afectados derechos de alcance constitucional”.
Asimismo, señala que la existencia de plazas de trabajadores sociales sin cubrir o mediante contrataciones temporales “irregulares”, produce “un menoscabo innegable en la calidad de los servicios prestados” por la Xunta, lo que supone, en su opinión, “un detrimento considerable de los derechos e intereses de las personas usuarias, así como también de la población”.
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