La población gallega en riesgo de pobreza desciende por el efecto de las ayudas públicas

El acceso a una vivienda digna, comprar productos alimentarios de calidad, tener un automóvil propio o hacer frente a imprevistos económicos son algunas de las dificultades a las que se enfrentan día a día miles de gallegos. Alrededor de 636.000 personas residentes en la comunidad se encontraban a finales del pasado año en riesgo de pobreza o exclusión social, 42.000 menos que en 2021. Así lo constata el informe O estado da pobreza en Galicia, con datos relativos al pasado 2022 y presentado ayer por EAPN Galicia, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que apunta a las ayudas públicas como un factor clave en esta mejora de las condiciones de vida de miles de ciudadanos.

De no haber transferencias públicas, ya sean del Estado, la Xunta o las entidades locales, la situación de riesgo de pobreza el pasado año se habría ampliado a casi la mitad de los gallegos, en lugar de afectar al 23,6% actual —en 2021 se situaba en el 25,2%—. De este modo lo explicó Ana Pardo, presidenta de EAPN Galicia en la presentación del análisis en la sede de la Valedora do Pobo, quien insistió en que “es imprescindible avanzar en la coordinación entre administraciones públicas y dentro de ellas mismas”.

Con todo, Pardo reclamó a las administraciones más esfuerzos y que mantengan los que ya están haciendo para hacer frente a los “nubarrones” que detectan sus estudios. Los datos con los que trabajan corresponden mayoritariamente a la tasa AROPE —el indicador de la Unión Europea—, que refleja el riesgo de pobreza, baja intensidad laboral en el hogar y privación material y social.

Por su parte, el director de EAPN, Xosé Cuns, resaltó el impacto, aunque con críticas a la comunicación y gestión, de medidas como el Ingreso Mínimo Vital o los ERTE. A nivel autonómico, hizo referencia a la decisión de mantener la Risga o la Tarxeta Básica durante la pandemia. Así, indicó que, precisamente, lo que está “frenando” que los indicadores mejoren más es la dificultad para acceder a una vivienda digna y la eliminación de las medidas de urgencia autonómicas, señalando directamente a la Tarxeta Básica y a la Risga.

Dentro del indicador de riesgo de pobreza, el informe de EAPN hace hincapié en el que cuantifica la pobreza severa, es decir, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 560 euros mensuales por unidad de consumo. Cerca del 7% de la población de la comunidad vive bajo estas condiciones de vida, un porcentaje que se encuentra por debajo de la media nacional y que también disminuye con respecto a otros años. “No podemos consentir que las personas en pobreza sean las primeras en enterarse de la crisis y las últimas en salir”, recalcó Pardo.

“En Galicia y en el Estado los datos invitan a un optimismo al comprobar el impacto de las medidas contra la pobreza”, indicaron los responsables de la presentación. Con todo, las diferencias siguen siendo más que notables entre hombres y mujeres, con una brecha de género en crecimiento. “Quien antes se recupera y con mayor rapidez es siempre la población masculina”, explicó Xosé Cuns.

Las mujeres representan el 55% de las personas en situación de pobreza o exclusión social y por edad, las cifras más elevadas corresponden a los niños y adolescentes, con una tasa AROPE que alcanza al 24,7%, aunque desciende “notablemente” respecto al año anterior. “Tener niños es un factor de empobrecimiento”, subrayó Cuns durante su intervención.

Las personas mayores de 65 es otro de los grupos a los que el análisis le presta especial atención. Una gran parte tiene como ingreso único la pensión y, tal y como señala el estudio, “su situación de pobreza depende de decisiones políticas”.

Los datos recogidos por EAPN reflejan que de las 770.119 pensiones que se reciben en la comunidad gallega, el 47,9% recibe una cuantía inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Así, seis de cada diez pensiones por viudez, la inmensa mayoría de ellas correspondientes a mujeres, tienen un importe inferior al umbral de pobreza.