La Xunta dejará de vender viviendas públicas y solo las ofertará en alquiler

El acceso a una vivienda pública en Galicia será a partir de ahora solo en régimen de alquiler. Se elimina por completo la opción de compra. Así lo recoge una instrucción aprobada por la Xunta en la que se esgrime la necesidad de incrementar el parque público de inmuebles de titularidad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para disponer de ellos en régimen de arrendamiento. Esto facilita que haya “rotación” pues cuando un adjudicatario se marcha, el piso queda libre y puede ofertarse a otra persona. En la actualidad hay 3.800 viviendas en manos de la Xunta y su objetivo es incorporar otras 1.800 hasta el año 2026 para alcanzar las 5.600. Todas ellas se ofertarán en régimen de alquiler.

Esto supone un cambio de estrategia en la política de vivienda de la Xunta, que da prioridad así a los arrendamientos y elimina la opción de adjudicar un piso público en propiedad.

La vivienda, junto con la inflación, se ha convertido en uno de los principales problemas de los gallegos. Por un lado se han encarecido los alquileres: desde 2016 su coste se incrementó un 34 por ciento y la renta media en Galicia se sitúa ya en los 500 euros, cifra que se eleva a 600 euros en el caso de las ciudades. A esto se suma una reducción de la oferta de pisos disponibles en el mercado.

Pero si arrendar es caro, comprar no resulta más accesible. La subida de tipos también ha elevado las hipotecas y las condiciones de los bancos para conceder préstamos se han endurecido.

Así que, aunque tradicionalmente en la comunidad gallega siempre ha predominado el régimen de propiedad, cada vez es más difícil para las nuevas generaciones comprar una vivienda.

Las viviendas de promoción pública —impulsadas directamente por la Administración autonómica— y las de protección autonómica —de promotor privado pero con subvención de la Xunta— son, en ocasiones, la única opción de muchas familias para acceder a un inmueble asequible bien sea en régimen de alquiler o de compra.

Ahora el Instituto Galego de Vivenda e Solo da orden de que las viviendas de promoción se adjudiquen “únicamente en régimen de alquiler”. Desde la Consellería de Medio Ambiente, de quien depende el IGVS, argumentan que, además de la necesidad de incrementar el parque público de pisos en arrendamiento, los fondos europeos que están recibiendo para construir y rehabilitar inmuebles exigen que estos se destinen obligatoriamente al alquiler por un plazo mínimo de 50 años.

Además, apuntan que en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Xunta lo más solicitado son los arrendamientos: “el 87 por ciento de los inscritos solicitan el alquiler como primera opción de acceso y entre los que prefieren la compraventa hay un 63 por ciento que también solicita el régimen de alquiler como segunda alternativa”.

El IGVS añade que desde 2009 la mayor parte de las viviendas públicas en Galicia ya se están adjudicando en régimen de arrendamiento. “De hecho, la normativa obliga a que se haga así siempre cuando los ingresos de los beneficiarios no superan 1,5 veces el Iprem (12.600 euros anuales)”, explica la Xunta. Así, según aseguran, en la última década las viviendas de promoción adjudicadas en régimen de compraventa suponen menos del 12 por ciento del total.

Por otro lado, defiende que con el alquiler hay “rotación”, ya que cuando un adjudicatario “rescinde su contrato por los motivos que sea”, la vivienda queda libre y vuelve a adjudicarse de nuevo”.

La Xunta quiere además ampliar el parque público residencial de viviendas con la incorporación de 1.800 nuevas hasta 2026, tal y como había anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda. Así, se construirán casi un millar en las grandes ciudades y se prevé comprar edificios en estado de abandono y rehabilitar otros 157 pisos en cascos históricos. El IGVS prevé también adquirir un total de 125 viviendas que estaban en manos de la Sareb o de Abanca.

Al margen de la promoción de viviendas públicas la Consellería de Medio Ambiente anunció esta semana que incrementará la cuantía de las ayudas al alquiler para colectivos vulnerables, de manera que en lugar de subvencionar el 50 por ciento del coste de la renta abonará hasta el 60 por ciento. Esta medida beneficiará a menores de 36 años, retornados, familiares numerosas o monoparentales y a quien sume un año como demandante

Más de 5.000 gallegos buscan un piso de promoción en régimen de propiedad

Un total de 5.039 gallegos inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de la Xunta solicitan un piso en propiedad. De ellos, hay casi 2.000 que buscan como primera opción comprar un inmueble público, mientras que otros 3.000 quieren alquiler pero con opción a adquirirlo posteriormente. Estos 5.000 demandantes se verán afectados por la decisión de la Xunta de eliminar la opción de compraventa en la adjudicación de viviendas de promoción pública. Según explica la Consellería de Medio Ambiente, estas personas interesadas en comprar un piso público aún tendrán la opción de adquirir inmuebles de promoción en segundas y posteriores transmisiones, es decir, podrán adquirir viviendas que fueron adjudicadas en su día en régimen de compraventa y cuyos adjudicatarios, pasados los plazos previstos, las pongan a la venta. En estos casos, los compradores tendrán que cumplir los requisitos exigidos a los adquirientes de este tipo de inmuebles protegidos y el precio de venta estará tasado por el IGVS. En todo caso, según aclara la Xunta, estos 5.000 gallegos que contemplaban la opción de comprar una vivienda pública podrán cambiar sus preferencias e incluir el alquiler como opción de acceso a un piso de promoción.

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