La ONU apercibe a la mina de San Finx por denuncias “abusivas” contra los ecologistas

La ONU ha hecho público el oficio realizado por la relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor, dirigido tanto al Gobierno de España como a la empresa Tungsten San Finx, SL, propietaria de la mina del municipio coruñés de Lousame, por un presunto “uso abusivo” de denuncias por parte de la empresa minera para “intimidar a las personas defensoras del medio ambiente”.

Según ha trasladado Ecoloxistas en Acción a través de un comunicado, la misiva es parte de una investigación abierta por la ONU después de que Tungsten San Finx denunciara “falsamente” a la asociación ecologista ante los juzgados de Noia tras una acción de protesta contra los vertidos de la mina por los que la empresa ha sido recientemente sancionada por parte de la Xunta, con una multa de 180.000 euros.

En los oficios firmados conjuntamente por la presidenta del grupo de trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas transnacionales, Damilola S. Olawuyi, y por el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio ambiente, David R. Boyd, expresan su “preocupación ante la causa abierta contra Ecoloxistas en Acción”, que creen que está basada en “una denuncia abusiva, iniciada en represalia por su activismo pacífico contra daños ambientales resultando de la mina San Finx”.

Además, en el oficio afirman que la preocupación “se ve amplificada” por anteriores “acusaciones infundadas” interpuestas por la empresa minera contra Ecoloxistas en Acción y otras organizaciones “en presunta represalia por su trabajo pacífico en defensa del medio ambiente”, refiriéndose a otras denuncias presentadas por Tungsten San Finx, archivadas por el Ejecutivo gallego.

Por su parte, la empresa minera, a diferencia del Gobierno central, se ha negado a responder a las cuestiones formuladas por la ONU, que reclamaba información sobre las medidas adoptadas por la empresa para cumplir con la legislación ambiental, sobre los impactos causados por su actividad y las medidas de la empresa para garantizar la eliminación de los residuos mineros.