El coste de las víctimas mortales de tráfico en Galicia: más de 170 millones al año

No se sabe hasta que te toca. Perder a un familiar o a un amigo en un accidente de tráfico provoca un daño emocional que resulta muy difícil de superar. Más allá del sufrimiento personal, para el que no existen modelos estadísticos que lo permitan cuantificar, hay también un impacto económico que repercute en toda la sociedad. Cada vida que queda en el asfalto o en la ambulancia o el helicóptero de camino al hospital, acarrea una pérdida personal incalculable a la que se suma un coste tangible y que, a su vez, pone de manifiesto la todavía escasa inversión en seguridad vial para prevenir la accidentalidad en carretera.

La DGT ha puesto números a la factura que deja en la sociedad un siniestro de tráfico mortal. Un informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial realizado por la Universidad de Murcia en colaboración con la empresa Sigma Dos concluye que el valor de cada una de esas vidas perdidas tras una salida de vía, una colisión o un atropello —es decir, el valor de prevenir y evitar un fallecimiento— es de dos millones de euros. En el caso de Galicia, con los datos de fallecidos en siniestros viarios en 2023 —88— alcanza los 176 millones. En el conjunto de las carreteras españolas —con 1.145 muertos el año pasado—, ese valor roza los 2.300 millones.

De las cuatro provincias gallegas, A Coruña soporta el mayor impacto económico por los accidentes mortales registrados en su red viaria (52 millones, dato que se corresponde a las 26 víctimas mortales del año pasado), seguida de Pontevedra (48 millones con 24 fallecidos), Ourense (44 millones, con 22 muertos) y, finalmente, Lugo (32 millones, con 16 fallecidos).

Estos valores tienen su principal aplicación en el análisis coste-beneficio, además de en el cálculo del coste social de los siniestros de tráfico. El método utilizado parte de la llamada “disposición a pagar” que se base en encuestar a una muestra de personas para conocer cuánto dinero estarían dispuestas a pagar por viajar de manera más segura. A esa cifra se suman luego otras como las pérdidas de productividad y los costes sanitarios.

El dato del impacto económico que revela el informe —dos millones que había que invertir en prevención y seguridad vial para salvar una vida- es un 42% más alto que el diagnóstico de 2011, año en el que Tráfico realizó el último análisis para estimar los valores de prevenir un fallecimiento y una persona herida en los accidentes de circulación. Y también es superior al aumento del PIB per capita nominal experimentado durante este periodo, que asciende a un 24,5%. Esto, según Tráfico, sugiere que “junto con el aumento del nivel de vida, las preferencias declaradas por la población española pueden estar reflejando una mayor preocupación por la siniestralidad vial”:

Para llegar a la cifra, el informe tiene en cuenta el llamado valor monetario de una vida estadística (VVE) que es el valor que la sociedad atribuye a los costes humanos de los accidentes de tráfico. Es decir, el dinero que la sociedad está dispuesta a pagar para que mañana haya un muerto menos por accidente de tráfico (1,9 millones de euros). Además del VVE se añadieron otros conceptos como los costes de la producción neta perdida a consecuencia de la mortalidad prematura, los gastos médicos y de los servicios de emergencia. El resultado son los dos millones citados que hacen que España se coloque en la media europea en este concepto —en concreto, en el puesto 13 de los 19 países de la Zona euro incluidos en el proyecto SafetyCube—, con valores similares a países como Bélgica o Finlandia. Por delante, se colocan Estonia, Croacia, Francia y Austria, con costes por fallecido superiores a los 3 millones; mientras que por debajo de España están Italia, Irlanda, Alemania, Chipre, Portugal y Eslovaquia, con estimaciones inferiores a 1,8 millones.

El estudio de la DGT también cuantifica esas variables en el caso de los heridos y la cifra resultante es de 385.480 euros en el caso de una víctima grave y 8.506, para las leves. ¿El impacto de estas cifras? Más de 1.700 millones de coste económico generado por los 4.495 heridos graves contabilizados el año pasado en el conjunto de las carreteras españolas y casi 147 millones los 381 registrados en la red viaria gallega.

“Este tipo de estudios ayudan a conocer el coste social medio de los siniestros de tráfico, así como a valorar las políticas y medidas de seguridad vial a implantar mediante el análisis coste-beneficio”, destaca Álvaro Gómez, director del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, que añade que “la evaluación de las políticas es indispensable para realizar una eficiente asignación de los recursos públicos, y el gasto en medidas de seguridad vial efectivas es una inversión con un elevado nivel de retorno social y económico”.

Casi la cuarta parte de los fallecidos en las carreteras gallegas circulaban bien

Son las llamadas víctimas inocentes de la carretera. No habían tomado alcohol o consumido drogas antes de ponerse al volante, tampoco circulaban por encima de la velocidad permitida, ni atendían una llamada de teléfono o un mensaje y viajaban con el cinturón de seguridad. No caminaban invadiendo la calzada, en el caso de los peatones; no hacían adelantamientos antirreglamentarios y respetaban la distancia de seguridad, en el caso de las motos y las bicicletas. El único error de los conductores, pasajeros, viandantes, moteros o ciclistas que fallecieron pese a circular bien fue cruzarse en la carretera con alguien que se saltó las normas de tráfico.

Casi una de cuatro víctimas de siniestros viarios en Galicia fallecen por las imprudencias de otros. La tasa de víctimas inocentes el ejercicio pasado en la comunidad gallega fue de casi el 37%. Durante los últimos años la tasa se situó en un 34%, con el pico máximo alcanzado en 2019: entonces los fallecidos que murieron por las imprudencias de otros en accidentes de tráfico en la comunidad gallega llegaron a representar el 39%.

De las cuatro provincias gallegas, Lugo protagonizó en 2023 la tasa más elevada de víctimas inocentes (más del 56% del total de fallecidos en su red viaria), seguida de Pontevedra (36%), Ourense (casi 35%) y, finalmente, A Coruña (26%).

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