Los litigios exprés para cobrar deudas superan por primera vez la barrera de los 51.000 en un año

Créditos rápidos o tarjetas revolving (de autofinanciación) para lograr liquidez y poder asumir un capricho como un viaje vacacional o el cambio de coche, los intereses desorbitados que multiplican la deuda, las sucesivas subidas de tipos de interés que encarecen las hipotecas cientos de euros más al mes, otro préstamo para ir tapando fugas, la asunción de que la bola de nieve ha crecido tanto que amenaza con arrasar la economía familiar. Esta evolución resulta la explicación de la mayoría de litigios exprés que llegan a los juzgados gallegos para saldar deudas económicas, referidas casi en su totalidad a particulares. Hasta tal punto es grande la carga familiar de los hogares gallegos que el año pasado no solo se batió el récord de este tipo de reclamaciones previas a un juicio en la comunidad, sino que se superó por primera vez la barrera de los 50.000. En concreto, los juzgados gallegos registraron 51.666 monitorios, un 13,5% más que en 2022 y una media de 141 al día.

Los monitorios son un mecanismo legal para zanjar la reclamación de una deuda entre dos partes en sede judicial, pero de una manera exprés, evitando la dilación y mayores gastos que supone un juicio tradicional. Están definidos como “procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento”, según el Consejo del Poder Judicial, cuyos datos del año pasado muestran ese récord de 51.666 casos, con un aumento por encima de la media estatal del 11,3%. “La causa de este incremento es el endeudamiento terrible de las personas que estamos viendo y una publicidad cada vez mayor de créditos rápidos de, por ejemplo, 4.000 euros para un gran viaje en Semana Santa. Se fuerza el consumo y cientos de clientes con mucha deuda acumulada siguen creyendo que deben irse de vacaciones aunque no puedan pagarlas y recurren a estas fórmulas. Luego, no pueden abonar las cuotas y esa deuda acaba siendo en dos años de 10.000 o 20.00 en algunos casos”, explica David Alfaya, integrante del bufete Asesority Abogados, especializado en este tipo de casos y en tumbar ante la justicia reclamaciones por intereses abusivos.

La evolución de los monitorios evidencia el problema de endeudamiento al que se refiere Alfaya, pues los dos últimos años superan las cifras incluso de 2009, año del impacto de la crisis causada por la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. “Nada está cambiando, los préstamos rápidos siguen ahí y esa sensación que percibimos de que está engordando la bola de nieve. No sabemos dónde va acabar”, apunta Alfaya, que indica que en los casos más graves, los afectados se declaran en quiebra. En 2022 fueron 699 ciudadanos; el año pasado, 1.442.

Los monitorios son una vía exprés porque cuando el acreedor presenta esta reclamación obliga al deudor a oponerse expresamente si no quiere asumir la carga económica, que también acepta si no se presenta en la vista celebrada en sede judicial. En ese caso, se abre un periodo de 20 días para que pague. Si no lo hace, sufre un embargo. Los abogados recomiendan oponerse y entablar un juicio tradicional, pese al coste de letrado y procurador, porque en muchos casos pueden tumbar a las entidades financieras por intereses desmesurados.

El negocio resulta tan jugoso que muchos fondos buitre compran grandes paquetes de estas deudas a financieras a cambio de rebajar ligeramente el coste. Estas se garantizan un cobro y los primeros, logran ese porcentaje de ganancia con paciencia para ingresar el 100%.

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