La Xunta cifra en 726 millones el agujero si el Estado no actualiza las transferencias

Exactamente 726 millones de euros, a un ritmo de 60,5 millones mensuales. Esa es la cuantía en que el Gobierno gallego cifra el eventual déficit de su Tesorería que supondría a lo largo de 2024 para Galicia la no actualización de las entregas a cuenta —para la financiación autonómica— de las comunidades autónomas, una vez el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado la decisión de no elaborar un proyecto presupuestario para el presente año por el adelanto electoral de Cataluña, lo que conlleva prorrogar las partidas de 2023.

Así lo explicó ayer, tras la reunión del Ejecutivo gallego, el conselleiro de Facenda en funciones, Miguel Corgos, que contrapuso la situación de inestabilidad que supone la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el caso gallego, recordando que Galicia fue la primera comunidad en aprobar sus cuentas para el 2024. El responsable del departamento fiscal del Ejecutivo gallego añadió que esta disposición supone, además, para las comunidades autónomas “incertidumbre, falta de estabilidad y una merma en sus recursos económicos que puede incluso llegar a afectar a los servicios públicos”.

La situación, no obstante, está a tiempo todavía de revertirse. Bastaría con que el Gobierno central aprobase una norma con rango de ley —es decir, un real decreto o un decreto ley— que actualizase estas entregas a cuenta de las comunidades autónomas conforme a la previsión de ingresos comunicada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a las diferentes autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 11 de diciembre. Una medida que la Administración autonómica apremia a Moncloa a tomar cuanto antes.

Ciertamente, existen precedentes en este sentido y es que durante los dos primeros años de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo estatal —2019 y 2020— tampoco logró sacar adelante los presupuestos anuales, teniendo que prorrogar las cuentas que Cristóbal Montoro aprobó en 2018. En ambas ocasiones el Estado tuvo que actualizar los pagos a cuenta de las comunidades autónomas mediante el real decreto-ley 13/2019 y el real decreto-ley 7/2020, respectivamente.

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, que compareció junto a Corgos, lamentó que el Gobierno haya tomado la decisión de prorrogar los que, en su opinión, son “los peores presupuestos del Estado que Galicia tuvo en muchos años”.

Las consecuencias de esta decisión para las arcas gallegas, según apunta el informe realizado por Facenda, podrían verse en áreas como la sanidad, la dependencia, el pago a proveedores e, incluso, las retribuciones de los trabajadores de la función pública —que verían congelado su salario contrariamente a lo pactado con el Gobierno el pasado diciembre—, en caso de que Pedro Sánchez no realice la actualización de los pagos a cuenta de las comunidades autónomas con celeridad.

Las incógnitas no se quedan ahí, puesto que según apuntó Corgos, si finalmente esta actualización se hace efectiva, habrá que ver cuál es el alcance de las cuantías, ya que las comunicadas por Hacienda el pasado mes de diciembre no contenían el impacto de las medidas de lucha contra la crisis aprobadas por real decreto, precisamente también en el último mes del pasado año.

Cabe recordar, que son las propias comunidades las que financian estas medidas con 2 de cada 3 euros, lo que supone para Galicia un gasto de 38 millones de euros. El Estado estudia ahora un nuevo paquete de medidas cuyos efectos las comunidades no conocen todavía.

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