Las denuncias por incumplir las franjas de seguridad por incendios, en el mínimo

La Xunta coincide con numerosos expertos que el fuego se apaga antes de que surja, con políticas que mantengan el monte vivo y con labores de disuasión o prevención como las que desarrolla la Unidad de Policía Adscrita a la Xunta. Entre las tareas que tienen encomendadas los agentes de la UPA no solo se encuentra averiguar quién o qué está detrás de un determinado incendio, sino también un trabajo de vigilancia para mantener a raya las quemas irregulares o supervisar que los dueños de fincas cumplan con las franjas de seguridad allí donde la ley las establece.

Esa labor se tradujo el año pasado en un total de 1.259 denuncias, casi todas ellas sanciones a los propietarios que no tienen en cuenta la obligación de mantener zonas despejadas para evitar que las llamas se propaguen en zonas sensibles.

El incumplimiento de la normativa en franjas de seguridad estuvo detrás la mayoría de las actuaciones de la Policía autonómica en materia preventiva. En concreto, según trasladan desde Vicepresidencia primeira y Consellería de Presidencia, del 95,8% de las denuncias. Sin embargo, y a pesar de que el número total (1.206) se traduce en una media de un centenar de propietarios denunciados cada mes en Galicia, es también la cifra más baja de las registradas y supone un 13,5 por ciento menos que un año atrás y casi un 23 por ciento si se compara con el primer año pospandemia.

Las franjas de seguridad implican la creación de espacios libres de vegetación cuyo objetivo es funcionar a modo de cortafuegos para impedir que las llamas se propaguen. La normativa prescribe que deben respetarse en torno a zonas sensibles, recuerda la UPA en su Memoria, caso de gasolineras, urbanizaciones, viviendas del rural, servidumbres de los tendidos eléctricos, vías de comunicación, trayectos ferroviarios...

En lo que respecta a la vigilancia de quemas irregulares realizadas por particulares, que deben ser o bien comunicadas o bien autorizadas por la Xunta, así como a conductas como abandonarlas sin que estén apagadas o realizadas en condiciones meteorológicas adversas, en 2023 también se alcanza la cifra más reducida al menos desde 2019 y un tercio menos que las contabilizadas en 2022. A esas denuncias se suman las vinculadas a talas irregulares, una treintena, y a pastoreo en zonas de montañas quemadas con tal propósito, con un único expediente abierto. A estas conductas se añaden los cambios de uso del suelo o de cultivos, que el año pasado suscitaron 130 expedientes y marcaron el segundo mínimo —tras el 2020, el año de la pandemia— del registro de los últimos años.

Desde la UPA defienden que la labor inspectora y preventiva policial que ejerce el cuerpo sobre las actividades ilícitas de los particulares deriva en un mayor cumplimiento de la normativa vigente y, dado que un altísimo porcentaje de incendios está provocado por este tipo de conductas, eso redunda en una tendencia descendente, con la excepción de repuntes “puntuales”, del número de focos registrados.

El balance de la Consellería do Medio Rural del pasado año, realizado a comienzos de diciembre por su titular, ahora en funciones, José González, en el Parlamento, dio cuenta de que 2023 es una de las anualidades con menos superficie afectada por los incendios forestales en la comunidad, con menos de 6.780 hectáreas afectadas, un tercio de la media de la última década.

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