Envío generalizado de órdenes de cierre a pisos turísticos de Santiago

Desde el pasado mes de diciembre, los propietarios de pisos turísticos de Santiago están recibiendo notificaciones del Ayuntamiento que instan al cese de la actividad por operar ilegalmente. La medida ha cogido por sorpresa a los dueños de los inmuebles que llevan tiempo esperando a que Raxoi publique una ordenanza en la que, en teoría, iba a aclarar cuáles eran las condiciones para que los que operaban antes del cambio de las reglas de juego, con la modificación del PXOM, podrían regularizarse.

“Hay días que se reciben hasta 20 notificaciones”, indican desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). A mediados de febrero del año pasado, el Gobierno de Sánchez Bugallo modificó el plan urbanístico para poner límites a esta actividad que se había disparado desde la aparición de plataformas como Airbnb. En abril de 2022, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había dictado ya una sentencia en la que daba razón al Concello en su lucha contra la proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad. Para poder operar los propietarios tenían que contar con un título habilitante (la antigua licencia) concedido por el Ayuntamiento. Pero la mayoría desconocía este requisito y pensaba que con estar anotado en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas que había creado la Xunta era suficiente. En Santiago unas 800 viviendas se encuentran anotadas, pero solo son decenas las que habían pedido también el permiso municipal para operar.

Las notificaciones que están llegando en los últimos meses van dirigidas a los propietarios que no contaban con la licencia municipal para operar. El expediente les insta a la reposición de la legalidad y les da un plazo de 15 días para alegaciones. No es la primera vez que los propietarios de VUT reciben este tipo de cartas. “Hubo un tema muy masivo que fue en el año 22 a raíz de la sentencia. Después, a medida que se acercaron las elecciones municipales, el tema se calmó y a finales de año volvieron otra vez”, indican fuentes de Aviturga. Muchos dueños también han recibido comunicaciones con amenazas de multas de entre 10.000 y 15.00 euros, pero por el momento el Ayuntamiento de Santiago ha dejado este tema paralizado y no se han impuesto las sanciones.

Aviturga está a la espera de que el Concello de Santiago los convoque nuevamente para poder abordar la situación. El BNG había prometido a tener un borrador de la ordenanza a finales de 2023. Los plazos van pasando y fuentes del gobierno municipal justifican la tardanza en la necesidad de tener las suficientes garantías jurídicas para la nueva normativa.

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