Los 175.000 empleados públicos gallegos verán incrementada su nómina en un 2% desde mayo

Los casi 175.000 trabajadores que ejercen la función pública en la comunidad verán como a partir del próximo mes de mayo sus nóminas se incrementan en un 2% con carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año.

Esta medida concluye las subidas salariales que se encuentran dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI sellado en octubre de 2022 entre la Administración y los sindicatos UGT y CCOO. El nuevo incremento, del que se beneficiarán funcionarios, personal laboral y el resto de empleados públicos, se suma a los incrementos del 3,5% aplicados ya en 2022 y 2023.

El Gobierno tenía previsto aplicar este incremento a principios de año. Sin embargo, la situación generada por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado tras el adelanto electoral decretado en Cataluña, y la consecuente prórroga de las partidas del pasado año lo ha retrasado por la necesidad de buscar una fórmula alternativa para tramitar este aumento en términos legislativos.

Finalmente, lo hará a través de una enmienda al decreto anticrisis que ha de pasar por la Comisión de Hacienda, y que el Ejecutivo espera aprobar antes del fin del presente mes, según lo avanzó la pasada semana el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá.

Este aumento en las nóminas, de las que a nivel estatal se beneficiarán prácticamente 3 millones de trabajadores públicos, rondará de media los 50 euros, por lo que al producirse este incremento con carácter retroactivo recibirán, además, una extra de unos 200 euros correspondientes a los cuatro meses atrasados.

Más allá del incremento en sus nóminas que los empleados públicos notarán ya a partir del próximo mes, existe una posibilidad más que factible de que, también con efecto retroactivo, el Gobierno apruebe una nueva subida en el próximo mes de octubre, en este caso del 0,5%.

¿Qué condiciones tendrían que darse para que se produzca este nuevo aumento? Todas estas actualizaciones salariales, desde la producida en 2022, tratan de revertir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos tras el descarnado aumento de la inflación tras la invasión rusa de Ucrania. De este modo, el Consejo de Ministros daría el visto bueno a otro incremento de medio punto en caso de que, precisamente en el mes de octubre, la suma de la variación del Índice de Precios de Consumo armonizado de 2022, 2023 y 2024 superase a los incrementos fijos de salario acumulados para el mismo periodo. De producirse, los trabajadores públicos estarían perdiendo poder adquisitivo, por lo que el Gobierno accedería a ese incremento adicional.

Desde el CSIF, sindicato que no firmó este acuerdo hace dos años, denuncian que a pesar de que finalmente se produjera también este incremento, lo que supondría una actualización del 10% en dos años, sería “insuficiente”, pues “ni de cerca se acercaría a lo que subió la cesta de la compra”.

Suscríbete para seguir leyendo