El Parlamento gallego reclama que se suprima la obligación de registrar los gallineros de autoconsumo

El Parlamento aprobó ayer una iniciativa, con los votos a favor del PPdeG y de Democracia Ourensana, y las abstenciones del BNG y PSdeG, en la que insta a la Xunta a pedir al Gobierno la eliminación del requisito obligatorio de registrar los gallineros dedicados al autoconsumo. La proposición no de ley, presentada por el PP, provocó un encendido debate, ya que el diputado popular Silvestre José Balseiros soltó que no comprendía que “en un país en el que se liberan etarras y violadores, haya que tener registradas las gallinas”. Los nacionalistas, junto con el PSdeG, defendieron el decreto y censuraron la actitud de los populares respecto al rural, donde recuerdan que faltan pediatras y acceso a internet. Desde el grupo mixto, Armando Ojea (Democracia Ourensana), se mostró muy crítico con un decreto “orwelliano” de un “intervencionismo exagerado”.

Balseiros sostuvo que provoca “nefastas consecuencias” en el rural gallego, vistos los trámites que deben llevar a cabo los dueños de las explotaciones —en su mayoría gente de avanzada edad—, lo que conlleva “una mayor carga burocrática y también desconfianza”. Explicó que cuando se tuvo conocimiento del borrador, “se intentó hacer entrar en razón al ministerio”, insistiéndole en el posible “escaso cumplimiento” de la medida así como su “ineficacia”, aún en caso de cumplirse, ya que en Galicia hay “docenas de miles de corrales”. “El ministerio hizo caso omiso”, insistió el popular, alegando que, con todo, la Xunta se puso “manos a la obra” para dar “las máximas facilidades” a los dueños de las explotaciones, con lo que habilitó la posibilidad de realizar los trámites a través de la página web de Medio Rural, de la Oficina Virtual Agraria; también dieron instrucciones a las oficinas físicas para que cumplimentasen los documentos y, apuntan, hasta hubo ayuntamientos que colaboraron.

La nacionalista Ariadna Fernández afeó a la Xunta que “ande enredando”, ya que el decreto se conoce desde hace tres años “y en ese tiempo a nadie se le ocurrió informar a la población”. Defendió la idoneidad de la medida para prevenir enfermedades de transmisión y poder establecer planes de vacunación, por ejemplo. “Le echan mucho pecho hablando de abandono del rural cuando tienen a niños sin pediatra y familias sin acceso a internet”, censuró.

La diputada socialista Lara Méndez recordó que el decreto estatal se deriva de una normativa europea. “Algo que no se ha mencionado”, dijo. “No negamos que es un problema para la gente mayor, pero el trámite puede realizarse telemáticamente o a través de las oficinas del rural, que han ido desmantelando, sacándoles competencias y sin personal”.