Casi 90 concellos carecen de presupuestos nuevos un año después de las municipales

Dirigir un ayuntamiento con unos presupuestos prorrogados supone un lastre para poner en marcha una nueva obra o un programa asistencial innovador que el alcalde y su formación hayan prometido en su programa electoral. Al carecer de una partida específica, deben negociar en el pleno cada modificación de crédito y, si carecen de mayoría para aprobar sus cuentas anuales, resulta complicado que puedan lograr luz verde para todas sus propuestas.

Esta situación afecta a 85 consistorios gallegos, que casi un año después de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, afrontan su día a día con unas cuentas prorrogadas ante la falta de acuerdo para validar un nuevo presupuesto.

La falta de cuentas estatales no parece ser la causa que afecte a este lastre en el ámbito municipal, sino que responde más bien a una falta de sintonía política en esos concellos, que representan cerca del 28% de los 313 consistorios de la comunidad autónoma.

La progresiva reducción de la fragmentación política ha ido rebajando estos porcentajes, tras el auge y caída de las mareas y Podemos. En 2015, año en que esas propuestas políticas debutantes gobernaron las tres ciudades de la provincia de A Coruña, las tres formaciones mayoritarias de la política gallega (PP, PSdeG y BNG) coparon tan solo el 74,9% de los votos, porcentaje que cuatro año después ascendió al 79,1%. El 28-M de 2023 entre las tres se repartieron casi el 85% de las papeletas. Aun así, los citados 85 consistorios mantienen sus cuentas pasadas prorrogadas. De la lista se salió precisamente el jueves el concello coruñés de Abegondo, que logró dar salida a su plan económico con la oposición en contra. Antes de las últimas municipales, la cifra de ayuntamientos sin presupuestos del ejercicio en curso aprobados era de 133, un 15% menos que en 2015.

En la provincia de A Coruña, un total de 23 concellos carecen de plan económico actualizado. Se trata de Arzúa, Cedeira, Cerceda, Culleredo, Negreira, Ortigueira, A Pobra, As Pontes, Valdoviño, Oza-Cesuras, Aranga, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Cerdido, Dodro, Frades, Mazaricos, Moeche, Rois, Touro, Trazo y Val do Dubra.

La provincia de Pontevedra es la que menos municipios incluye en la lista, con un total de 14. Se trata de Caldas de Reis —que ya cuenta con un plan económico presentado hace unos días y solo pendiente de aprobación—, O Grove, Moaña —también ha presentado ya sus cuentas—, Ribadumia, Vila de Cruces, Cerdedo-Cotobade, Catoira, Crecente, Forcarei, Mondaiz, Oia, Portas, Rodeiro —con presupuestos pendientes de aprobación también— y A Illa de Arousa, según los datos del Ministerio de Hacienda, que pueden no incorporar alguna de las aprobaciones de los últimos días.

En Ourense figuran 30 consistorios en esta situación, destacando la capital provincial que gobierna Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, que este 2024 renunció por cuarto año consecutivo a aprobar unas cuentas locales, una situación que sufrió también su antecesor, el popular Jesús Vázquez. Además, tampoco han aprobado un plan económico este ejercicio Barbadás, Xinzo, Verín, Amoeiro, Baltar, A Bola, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, O Irixo, Lobeira, A Merca, A Mezquita, Muíños, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Parada de Sil, A Peroxa, Petín, Piñor, Porqueira, Ribadavia, San Xoán de Río, A Rúa, Rubiá, Sarreaus, Toén, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

En el caso de Lugo la lista se compone de 18 municipios: Burela, Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Becerreá, Carballedo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Guntín, Muras, Pantón, O Páramo, A Pastoriza, A Pontenova, Portomarín, Ribas de Sil, Sober y O Vicedo.

Las facturas en el cajón suman 90 millones

Los concellos sumaron en el último trimestre del año pasado facturas el cajón por un montante de 90 millones de euros, siete millones más que en el mismo período de 2022, según las cifras del Ministerio de Hacienda. Un total de 144 municipios —20 menos que entonces— cuentan con pagos reservados en la cuenta 413, un mecanismo que permite a las entidades locales situar sus facturas en una especie de limbo antes de incorporarlas al presupuesto y, por tanto, pagarlas, ante situaciones de ausencia de autorización del gasto o de liquidez.

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