Vivienda impulsa una plataforma para combatir el fraude en los pisos turísticos

El Gobierno adelanta un reglamento que permitirá compartir datos y normativas

La web, que posibilitará supervisar este tipo de alquileres, estará lista en 2025

Isabel Rodríguez, a su llegada al Congreso. |   // GABRIEL LUENGAS / EP

Isabel Rodríguez, a su llegada al Congreso. | // GABRIEL LUENGAS / EP

C. V.

Las viviendas de uso turístico no dejan de crecer en Galicia, donde se incrementaron un 56% en un solo año y ya rozan las 27.000. El Gobierno central quiere supervisarlas para combatir el fraude y bajo la filosofía de “primar” que la vivienda sirva como hogar, alegando estudios que señalan que el incremento de pisos turísticos “afecta a la reducción de oferta en el mercado residencial y aumento de su precio”. Para controlarlas, el Ministerio de Vivienda impulsará una plataforma estatal en la que unificará datos, estudios y normativas vinculados a la materia de todas las comunidades para comprobar qué funciona mejor, adoptar medidas y ganar agilidad al luchar contra el fraude.

El anuncio lo hizo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ayer, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, un encuentro con las comunidades para abordar “el impacto de los pisos turísticos sobre la vivienda residencial a precios accesibles”. Allí les ha pedido colaboración para adelantarse a las previsiones de la UE y permitir que ese Registro Estatal sea una realidad antes del fin de 2025. Según el Ministerio, las comunidades han dado la bienvenida a la medida y una “mayoría” urge su implantación.

Lo que plantea Vivienda, que en la iniciativa va de la mano del Ministerio de Turismo, es adelantar el cumplimiento del reglamento europeo que recoge los datos de pisos turísticos para crear una plataforma estatal con las comunidades que permita una puesta en común de los datos. “Ahora disponemos de una normativa vigente en el seno de la UE que nos va a permitir a las administraciones públicas contar con mejores datos para poder afrontar este fenómeno y perseguir el fraude” en un sector, en el que, destacó Isabel Rodríguez, hay mucha “alegalidad” y cuya proliferación, según diversos informes, afecta al stock de vivienda residencial y a su precio. “Para afrontar este fenómeno necesitamos datos públicos y oficiales”, incidió, y ahora la norma europea provee “de las herramientas para atender esta situación”. En última instancia, explicó, se trata de que, “de forma colaborativa”, se puedan “implementar todas las medidas necesarias que impliquen la priorización del uso residencial de la vivienda frente a cualquier otro”.

"Hemos de primar que la vivienda sirva como hogar", defiende la ministra

Según la titular de Vivienda, la normativa europea aspira a disponer de mejores datos para afrontar el fenómeno y perseguir el fraude homologando la gestión de los alojamientos turísticos, aquellos temporales de menos de un año y los de habitaciones, siempre que se formalicen a través de las plataformas creadas para ello, como puede ser Airbnb.

Cuando la UE dio luz verde a la medida, recordó que los alquileres de corta duración representan alrededor del 25% de los alojamientos turísticos en la UE y alegó que “contar con datos de calidad facilitará el cumplimiento de las reglas y combatir la oferta ilegal”. El fin es uniformizar datos entre los miembros e ir más allá, con la ayuda de la inteligencia artificial, para perseguir el fraude.

A la cita también acudió la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, quien destacó que Galicia fue de las autonomías “pioneras” en contar con una “regulación” de las viviendas de uso turístico, avalada por la Justicia, que “funciona” y que hizo posible un marco autonómico “eficaz” en relación con este tipo de alojamientos

Respecto a la plataforma anunciada por el Ejecutivo central, Galicia pide que sea “compatible” con las que impulsaron algunas comunidades, entre ellas la gallega, y lamenta que el consenso que busca el Gobierno para esta base de datos “no se siguiera antes con la aprobación de la Ley de Vivienda”. Galicia exige que esta normativa “garantice la seguridad jurídica de los propietarios”, afirma la Xunta en un comunicado.