Escalada de renuncias entre los abogados de oficio para exigir derechos

Casi un centenar de bajas en Lalín, A Estrada, Ourense y Corcubión

Carlos Gayoso

Los abogados de oficio cumplieron este martes medio año de huelga. Después de seis intensos meses de reivindicaciones y reuniones infructuosas con diversas administraciones, muchos letrados gallegos han decidido dar un contundente paso: darse de baja en el turno de oficio. Hasta la fecha, casi 100 abogados de oficio gallegos han renunciado a su puesto voluntario de defensores ciudadanos en cuatro partidos judiciales.

Los primeros en presentar su baja fueron los abogados de oficio de los partidos judiciales de A Estrada y Lalín. Los letrados de ambos departamentos comunicaron su renuncia de manera conjunta a principios de marzo. Entre las dos demarcaciones había, en total, 33 profesionales.

Dos meses después, la historia continúa y más letrados de oficio se han unido a la causa. Esta semana, 50 abogados de oficio pertenecientes a la especialidad de violencia de género han presentado su baja en el partido judicial de Ourense, lo que supone la mitad del departamento.

Las bajas voluntarias más recientes se dieron en el partido judicial de Corcubión, donde doce de los trece abogados que conforman el turno de oficio trasmitieron su renuncia durante la mañana de ayer.

Pese a estas bajas, que pertenecen a letrados que prestan su servicio de manera voluntaria, la abogacía de oficio está garantizada por ley; concretamente, por la de Asistencia Jurídica Gratuíta. Esta norma prevé que, en caso de no cubrirse las plazas voluntarias de un partido judicial, las vacantes han de ser cubiertas por letrados inscritos en los colegios provinciales.

“No tenemos derecho a cotizar en la Seguridad Social por nuestra actividad”, denuncia Rosa Lozano, representante en Galicia del sindicato de letrados Venia, uno de los promotores de la huelga. “Somos los últimos esclavos de Europa”, asevera.

Según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, un letrado de oficio cobra de media 134 euros por cada asunto en el que interviene. “Ni siquiera nos pagan en calidad de retribución, sino como indemnización. La cotización y demás gastos tienen que correr de nuestro cargo”, señala Lozano.

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