Avisar de los controles en carretera sale caro en Francia: 30.000 euros y dos años de cárcel

La DGT se ha puesto manos a la obra para tipificar como infracción viaria los avisos de controles en carretera. Tras las primeras denuncias y sanciones firmes e inéditas en España dictadas en Galicia contra una conocida empresa que gestiona una gran aplicación que informa de estos dispositivos de vigilancia y un particular con grupos de WhatsApp con más de 15.000 usuarios en los que alertaba de la presencia policial y ante el vacío legal que existe en la actualidad sobre el uso de aplicaciones, el departamento que dirige Pere Navarro trabaja desde hace semanas, tal y como avanzó a LA OPINIÓN, para poner coto a estos avisos que “van contra la línea de flotación de la seguridad vial”. En países del entorno como es Francia ya se persigue el uso de estas apps. Saltarse la norma sale caro: hasta 30.000 euros de multa y dos años de prisión.

En el caso de las sanciones dictadas en Galicia, y cuyo procedimiento ya ha sido emulado por Policías Locales y comandancias de la Guardia Civil en otras comunidades, según informó ya la semana pasada este diario, las denuncias fueron interpuestas por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil, pero no en base a la Ley de Tráfico, sino de la Ley de Seguridad Ciudadana por lo que fue, en este caso, la Subdelegación del Gobierno en A Coruña la que resolvió los expedientes ya que es la competente en la materia.

Según el artículo 36.23 de la citada norma, se considera infracción grave infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. En este caso, en ambos expedientes se concluyó que se podría poner en riesgo el éxito de una operación con esos avisos en redes, por lo que se procedió a la multa correspondiente. Se trata, tal y como reconoció en declaraciones a este periódico el jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, de “casos flagrantes”, por lo que urge un artículo que tipifique como infracción todo aviso de controles, no solo los procedentes de aplicaciones o particulares que avisan en redes a miles de usuarios. Las multas en España para estos casos graves van de los 600 a los 3.000 euros.

Uno de los países que ya tipifica como infracción el uso de estas apps es Francia. Desde noviembre de 2021, en el país vecino se ha dado potestad a los prefectos (en España, la Subdelegación del Gobierno correspondiente) a que den la orden de “invisibilizar” los controles de alcoholemia y/o drogas. Es decir, que las empresas que informan de la situación del tráfico, la ubicación de los radares o los operativos policiales, no puedan divulgar estos dispositivos cuando se trata de vigilancia de alcohol y/o drogas. En el caso de operativos montados por Policía Nacional y Guardia Civil en materia antiterrorista o delincuencia común, es el Ministerio del Interior el que comunica a las compañías que no den cuenta de los puntos de control.

Desde el colectivo de víctimas Stop Accidentes, señalan a este modelo como un punto de partida. “Seguramente se pueda mejorar, pero ya tenemos una referencia y una base con la que empezar a trabajar para poner coto a estos avisos”, defiende su delegada en Galicia, Jeanne Picard, que urge “sanciones duras” y para todo tipo de alertas, “no solo para casos flagrantes”. “Hacen falta multas de verdad, con el control y con la sanción se ha demostrado que se salvan vida, por tanto, ese es el camino”, apunta Picard, al tiempo que reconoce que jurídicamente es prácticamente imposible prohibir estas aplicaciones.

En el caso de Francia, la “invisibilidad” de esos avisos se limita a los controles de alcoholemia y/o drogas, ya que son los que realmente provocan una estampida de los conductores por otras carreteras, con el consecuente riesgo que eso supone para esos usurarios ya que se trata de vías más peligrosas. “Informar sobre la posición de las Fuerzas del Orden perjudica gravemente la eficacia de los controles destinados a detener a los autores de este comportamiento de riesgo, pero también la de operaciones para combatir la delincuencia en todas sus formas”, según el decreto 2021-468 publicado en el Diario Oficial del 20 de abril de 2021. Para aquellos operativos en los que o bien los prefectos o el Ministerio del Interior reclamen que no sean dados a conocer en las aplicaciones, los operadores de estos servicios se enfrentan a dos años de prisión y una multa de 30.000 euros.

Huida por pistas

Esta “invisilidad” de los controles que recoge la Ley de Orientación a la Movilidad francesa está limitada en el tiempo y en el espacio: su duración es de dos horas para los de alcohol y/o drogas y doce horas para los vinculados a operativos antiterroristas, de narcotráfico, homicidios o secuestros. Y el radio de acción es de un máximo de dos kilómetros en las zonas urbanizadas y diez kilómetros en el resto. Y es que alcohol es una de las lacras de la siniestralidad viaria. En Galicia, en concreto, está detrás del 40% de los muertos en accidentes de tráfico y las patrullas de la Guardia Civil detectan cada mes más de 1.000 positivos en alcoholemia.

Desde la Guardia Civil de Tráfico en Galicia advierten de que los informes realizados a nivel interno revelan que los conductores de menos de 35 años son los que menos positivos dan en los controles, sin embargo, en las autopsias son el grueso de los que presentan consumos de alcohol y/o drogas y la mayoría con tasas que son ya delito. “Esto da cuenta de una realidad: se escabullen y huyen de los controles por otras vías porque hacen uso de están alertados de los controles”, apuntan desde el Sector de Tráfico. “No hay ayuntamiento en Galicia sin un grupo de WhatsApp que avise de estos controles”, advertía el teniente coronel Hidalgo la semana pasada en declaraciones a este periódico.

Para los controles de velocidad, Francia no establece veto alguno a las aplicaciones, ya que “informar” de estos operativos “logra el resultado deseado de hacer que los conductores reduzcan la velocidad”.

Para el desarrollo jurídico y técnico de este sistema, el Ministerio del Interior galo trabajó en consulta con los principales operadores (en particular Waze, Coyote, Garmin, Tom Tom, Michelin Travel Partner y Glob).

Las víctimas de tráfico reclamarán en el Congreso una ley con sanciones duras

Desde hace ya casi una década se viene reclamando la necesidad de poner coto a los avisos de controles en carretera. Lo hicieron desde la Asociación pro Guardia Civil en 2019, desde la plataforma Creando Seguridad creada ese mismo año y también desde el propio Sector de Tráfico en Galicia y la Fiscalía de Seguridad Vial. Pero en todos estos años, las reclamaciones de prohibir estos avisos o, al menos, penalizarlos, cayeron en saco roto. Ahora la DGT, a raíz de las dos primeras multas impuestas en Galicia en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, estudia cómo abordarlo jurídicamente. Desde Stop Accidentes se movilizan de nuevo para “que se legisle y se acabe con estos avisos que, al final —denuncian—, se traducen en más muertos en carretera”.

Para ello, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, y su delegada en Galicia, Jeanne Picard, empezarán la próxima semana una ronda de reuniones en el Congreso. El próximo miércoles será con el secretario primero de la Comisión sobre Seguridad Vial, el socialista Daniel Senderos. La siguiente cita ya confirmada será el 26 de junio con el vicepresidente segundo, Juan Antonio Rojas (PP). Por ahora, Junts, que preside la citada comisión, aún no confirmó fecha alguna. En esta ronda de reuniones, Stop Accidentes reclamará una reforma para combatir estos avisos con “sanciones duras”. “Esperamos que se reaccione y se legisle. La ley debe recoger esta conducta como una infracción porque la sanción salvará vidas”, defiende Picard.

Además, demandarán que los delitos de tráfico en los que se produzca una muerte sean tipificados como homicidios viales y no como homicidios imprudentes. “Si uno se pone al volante después de beber lo hace voluntariamente y es toda una irresponsabilidad. La muerte de alguien por parte de otro que bebe, corre o conduce de manera temeraria no es por una imprudencia”, sentencia Picard.

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