Los ingresos locales del IBI solo crecen un 1%, a pesar de poder gravar más las viviendas vacías

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema cada vez más acuciante, debido a la falta de pisos disponibles en un mercado de alquiler que ha vivido un crecimiento de precios constante y unas hipotecas que han complicado el acceso a un inmueble en propiedad. Facilitar la puesta en el mercado de hogares desocupados fue uno de los argumentos expuestos por el Gobierno central cuando impulsó la Ley de Vivienda aprobada el año pasado. La norma abría la posibilidad de establecer recargos de hasta el 150% para esos inmuebles que acumulaban polvo y telarañas, pero, de momento, su efecto no se ha dejado sentir sobre la recaudación del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Los ayuntamientos gallegos ingresaron el año pasado por esta cuestión algo más de 596 millones de euros, apenas un 1,1% más que en 2022, cuando el dato rozó los 590 millones, según las cifras de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Ayuntamientos como Vigo ya aplicaban desde 2020 un recargo del 50% en la tasa aplicada a los inmuebles vacíos y Pontevedra, A Coruña y Santiago mostraron su intención de estudiar las opciones que ofrecía el nuevo marco legal, que concretaba la definición de vivienda vacía y abría un abanico de recargo de entre el 50% y el 150%. La legislación considera que se puede aplicar este castigo fiscal a aquellos inmuebles que lleven más de dos años vacíos y que sean propiedad de un ciudadano de cuatro o más viviendas. El consumo de agua o luz o el padrón son las herramientas que permiten determinar si ese piso está deshabitado o no en una comunidad que vive una paradoja. Cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda en los entornos urbanos mientras la autonomía supera el medio millón de inmuebles vacíos, la mayor cifra de España, debido al abandono del rural, el envejecimiento, la emigración a los entornos urbanos o el apego a la propiedad.

El IBI urbano, conocido como la contribución, supone una tasa de entre el 0,4% y el 1,1% del valor catastral de un inmueble. El año pasado, se alcanzaron los 596 millones de euros de recaudación, 133 más que hace una década.

Las ciudades, a pesar de la posibilidad de incrementar el gravamen a las viviendas vacías, mantuvieron sus cifras. Vigo pasó de 68,2 millones en 2022 a 68,6; Ourense, de 28,7 a 28,8; y Lugo, de 22 a 22,3. El resto se mantuvieron iguales, caso de Santiago con 32,7 millones, o perdieron recaudación, como A Coruña (de 60,7 a 60,5), Pontevedra (de 18,8 a 16,7) y Ferrol de 15,6 a 15,5.

Fincas rústicas

En estos casos, las cifras se refieren al IBI urbano, que supone 541 de los 596 millones de recaudación durante el pasado ejercicio gracias a 2.779.842 facturas emitidas, lo que supone 19.000 más que durante el año 2022, según la Dirección General del Catastro.

Sin embargo, el montante total de recibos cayó de 3.465.320 en 2022 a 3.450.157, debido a la reducción de los vinculados a fincas rústicas, un campo sometido hace unos años a una regularización masiva y que ahora cae de 703.162 a 668.466, debido a la unión de muchas parcelas por la concentración. En este año, el IBI sumó 19,2 millones de euros.

Además, los bienes de características especiales, son tan solo 1.849, pero que suponen unos ingresos para las arcas municipales de 36,2 millones de euros.

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