Consumo investiga a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia

Nueva ofensiva del Ministerio de Consumo. Esta vez contra las plataformas de alquiler turístico. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha abierto una investigación contra este tipo de plataformas por anunciar pisos sin licencia tras constatar que un número importante de estas viviendas operan así según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, según anunció ayer en un comunicado.

Las viviendas de uso turísticos con licencia, según el registro de la Xunta, son 21.702, que aglutinan el 43% del total de las plazas turísticas de Galicia. Sanxenxo y Vigo son los dos municipios con más plazas en viviendas de uso turístico: 14.344 y 6.738, respectivamente.

La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que anuncian. Si bien el ministerio no informa de a qué empresas se ha dirigido, las principales plataformas de alquiler turístico en España son Airbnb y Booking.com. Lo que sí aclara el comunicado es que el foco de la investigación no se dirige a los particulares que alquilen su vivienda, sino que se centra en la “actividad y responsabilidad” de los grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos.

En Galicia, y siempre según el registro oficial de la Xunta, hay 42 empresas y 17 personas que han registrado a su nombre más de diez viviendas turística, hasta sumar 1.152 viviendas en total.

Según Consumo, estas empresas podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios que, por tanto, supondrían una infracción que puede “generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”, según exponen desde la Dirección General de Consumo.

La apertura de esta investigación no prejuzga el resultado final de la misma, pero la Dirección General de Consumo advierte que con la información que se recabe de la consulta estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores que “pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido”.

La secretaria general de Consumo, Bibiana Medialdea, estimó ayer que más del 90% de los pisos turísticos registrados en algunas ciudades de España no están cumpliendo la normativa. “Desde el Ministerio hemos enviado requerimientos de información a plataformas de alquiler turístico porque hemos tenido la evidencia de que hay datos oficiales de incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico”, explicó a los medios.

Además, Medialdea aseveró que, en la medida en que esos alojamientos son ilegales, “su publicidad también lo sería”, por lo que “esa publicidad ilícita es competencia del Ministerio perseguirla, inspeccionarla y, en su caso, sancionarla”.