La Fiscalía rebaja en 17 años la pena para el principal acusado de la ‘operación Carioca’

La última pieza pendiente de la operación Carioca, la macrocausa de proxenetismo y trata de mujeres investigada en Lugo durante 16 años, quedó ayer vista para sentencia con el anuncio por parte de la Fiscalía de las nuevas penas solicitadas para los cinco imputados y la rebaja de casi 17 años en la condena interesada para el principal acusado, el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo, que se enfrentaba a 21 años de presidio y para el que ahora piden solo cuatro años y tres meses.

Armando Lorenzo, responsable según el escrito fiscal de ofrecer ayuda administrativa a mujeres extranjeras en situación irregular que ejercían la prostitución abusando de su posición de Guardia Civil y solicitando a cambio favores sexuales; así como de informar a los dueños de los burdeles implicados de inspecciones policiales en sus locales recibiendo por ello contraprestaciones económicas, estaba acusado en esta pieza de la Carioca de ocho delitos.

Al más grave, una agresión sexual a una prostituta por la que la Fiscalía solicitaba ya 11 años de cárcel, se sumaban las acusaciones por presuntos delitos —la mayor parte de ellos continuados— de solicitud sexual por funcionario público, abuso sexual, cohecho, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, favorecimiento de la prostitución y extorsión en grado de tentativa. Las dilaciones indebidas del proceso, consideradas muy cualificadas, y el atenuante de reparación del daño, han motivado la drástica rebaja de su pena, fijada finalmente en una petición de cuatro años y tres meses de cárcel, si bien su delicado estado de salud —corroborado mediante informes médicos— evitará su ingreso en prisión.

Para los otros tres procesados que el martes habían alcanzado acuerdos de conformidad con la Fiscalía —los proxenetas José Manuel García Adán (cabecilla de la trama y dueño de los clubs de alterne Queens y La Colina); Marcos Grandío (dueño del club Eros); y Jesús Varela (propietario del Eclipse, en Ribadeo)— la representante del Ministerio Público ha solicitado, tras la modificación de su escrito de acusación, penas de multa de entre 1.000 y 2.000 euros. Todos ellos estaban acusados de un delito de cohecho pasivo.

Para el último de los imputados, el brigada de la Guardia Civil Julio Baquero, en el que se ha centrado el grueso de la vista celebrada ayer en la Audiencia Provincial al ser el único que rechazó los cargos, la Fiscalía ha solicitado una pena de nueve meses de prisión —se enfrentaba a 19— como presunto autor de un delito de solicitud sexual por funcionario público y otro delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Pese a que la segunda y última jornada del juicio de la pieza central de la Carioca ha estado centrada en dirimir la responsabilidad penal de Julio Baquero, el hecho que concentraba más expectación era el anuncio de la modificación de las penas solicitadas para los cinco procesados, que la Fiscalía había dejado pendiente al término de la sesión del martes.

Ha habido que esperar, sin embargo, ocho horas y tres recesos, para que rebasadas las 18.00 horas la fiscal diera a conocer en detalle las nuevas penas previstas para los procesados.