El Gobierno fiscaliza ya los 40 millones públicos que inyecta al año en bonificaciones por la AP-9

En julio de 2021 el Gobierno central, “en aras del interés público”, promulgó un real decreto para la bonificación de peajes en la AP-9. El objetivo era rebajar el coste del uso de la autopista para usuarios recurrentes, así como la retirada de tráficos de vías convencionales con el consiguiente ahorro en “tiempos de recorrido” o “mejora de la seguridad vial”. Se incluyó en aquella normativa un tratamiento diferenciado para el tramo Redondela-Vigo, que, sumado a la apertura del centro comercial Vialia, incrementaría los niveles de congestión de esta carretera. La gratuidad o abaratamiento de algunos trayectos impactaría sobre las cuentas públicas Autopistas del Atlántico (Audasa) —con una merma en sus ingresos—, por lo que Madrid volvió a remendar el acuerdo con la concesionaria para mejorar sus bonificaciones: así nació el Real Decreto 681/2021. Desde su puesta en marcha Audasa ha percibido 85,456 millones de euros —solo en 2023 percibió por este concepto casi 40 millones—, según figura en sus cuentas auditadas. ¿Quién ha aportado al Gobierno los datos para calcular cuántos vehículos eran susceptibles de bonificación, usados para determinar la compensación a Audasa? La propia Audasa.

No fue hasta el pasado enero, como avanzó LA OPINIÓN A CORUÑA, que la secretaria de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible decidió licitar una auditoría para verificar si esa información facilitada por la empresa es “correcta”. Un proceso de revisión que acaba de comenzar porque fue este martes cuando se formalizó la adjudicación del contrato a la consultora madrileña Alauda Ingeniería. La firma, especializada en inspección de concesiones, superó a las otras 10 concurrentes en el concurso público, presupuestado en más de 2,1 millones de euros y a ejecutar hasta el año 2026. Tiene dos meses para presentar su primer análisis: el de un Informe de Auditoría inicial del sistema de peaje y procedimientos, que conllevará por parte de sus técnicos la revisión de los dispositivos OCR (Optical Character Recognition) instalados en la autopista, que son los que realizan la lectura de matrículas. Tendrán que inspeccionar también cómo funcionan los sistemas de cuenta ejes o pisones (piezas ubicadas en el asfalto para el conteo mecánico de los ejes de los vehículos), para la detección de dobles neumáticos o sensores de altura. Esta auditoría, que también analizará los sistemas de Vía-T asociados a cada tránsito, incluirá “cualquier otra comprobación que se estime necesaria” para certificar que el mecanismo de conteo de Audasa es “correcto”.

Revisión trimestral

Una vez comprobado que los sistemas funcionan de manera idónea, a la adjudicataria le tocará remitir cada trimestre una evaluación al ministerio que dirige Óscar Puente. En rigor, un Informe trimestral de cálculo de la compensación económica por tráfico bonificable y justificación de pago, como consta en los pliegos. Es aquí donde, teniendo en cuenta el mecanismo de cómputo utilizado por Audasa —ya certificado— la delegación del Gobierno dispondrá de información contrastada para fijar el importe de las bonificaciones. Será un examen exhaustivo que se alargará hasta finales de 2026, si bien no es descartable una futura licitación a mayores teniendo en cuenta que la estrategia de Madrid pasa por seguir fijando bonificaciones por usar la AP-9, en vez de plantearse la amortización completa del saldo de compensación —implica una subida extra anual de los peajes del 1% hasta el año 2038— y, ni mucho menos, el rescate de la vía. Eso sí, siempre y cuando convenza a Bruselas de que la prórroga de la concesión, aún firmada por el Gobierno de José María Aznar, fue acorde a derecho comunitario. De momento España no ha tenido éxito y ha recibido ya un doble apercibimiento por sanción.