El juzgado anula el cese del interventor de Ourense y ve “acoso” por parte del alcalde

El Juzgado de lo Social número 1 de Ourense ha declarado nulo el cese del interventor del Ayuntamiento de Ourense, Gonzalo Alonso, y ve probado el “acoso en el trabajo” por parte el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, contra este funcionario. De esta forma, estima la demanda formulada por el interventor contra el regidor de Democracia Ourensana y, por extensión, contra la administración local por no activar el protocolo de protección a favor del empleado público.

Ambos, alcalde y Concello, deberán indemnizar de forma solidaria con 30.000 euros al interventor, si bien tienen derecho a recurrir este fallo en el plazo de cinco días hábiles ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En sus declaraciones, ahora calificadas por sentencia como acoso laboral, el alcalde acusaba al funcionario de hacer “guerra política”, de retrasar intencionadamente los informes, de “querer gobernar el Concello” o de “no leerse los expedientes”. También impidió al demandante su derecho a defenderse en el pleno de las acusaciones con un “si les pongo verdes les queda joderse, y denunciarme”.

El fallo se produce a los pocos días de que un auto judicial obligara ya a Jácome a restituir el día 1 de junio al interventor a su puesto en tanto no se emitiera esta sentencia, que se ha promulgado más rápido de lo esperado.

En el relato de los hechos probados, el magistrado es contundente y considera que todo arrancó tras un informe presentado por el interventor al pleno de 1 de agosto de 2023, en el que advertía de que el alcalde había realizado modificaciones de crédito por más de 24 millones de euros con “inobservancia” de los reparos presentados. A partir de ese momento “el alcalde inicia una campaña de desprestigio “del funcionario “en los plenos y en redes sociales que no tiene otra finalidad que justificar ante la opinión pública su futuro cese”, explica el juez.

Un cese que el alcalde “acaba perpetrando después de un procedimiento en el que existe un informe del Ministerio de Hacienda, que se opone radicalmente a ello —alegando que no es un funcionario de libre designación, sino un habilitado nacional—”.