La Xunta cambió a lo largo de 2023 el destino de más de 1.100 millones de euros de sus presupuestos iniciales

Los presupuestos públicos son un ejercicio de previsión ajustada a los ingresos y gastos que tendrá una administración a lo largo del año, si bien siempre contienen una dosis de incertidumbre al depender, sobre todo, de la marcha de la economía y del comportamiento del consumo, además de otros muchos factores sobre los que no se puede tener control. Por ello, siempre están sujetos a cambios durante el ejercicio de aplicación. Son las llamadas modificaciones presupuestarias, que incluso se hacen también cuando en teoría no hay causas obvias que las justifiquen, como ha advertido varias veces el Consello de Contas en su fiscalización de las cuentas públicas. Durante el pasado año, la Xunta realizó modificaciones de crédito por 1.112 millones de euros, que supuso mover de partida el 8% del importe inicial de los presupuestos de 2023.

“En los expedientes de modificaciones de créditos se evidencia que gran parte de las insuficiencias presupuestarias que los originan son recurrentes en los últimos ejercicios, o bien resultan previsibles por su contenido, lo que revela un margen de mejora en la elaboración del presupuesto inicial”, advertía el Consello de Contas hace unos años, recordando que esta práctica de alterar los presupuestos iniciales viene de lejos en los balances de la Xunta.

En 2022, los cambios rondaron los 1.000 millones de euros. “Son cuantías importantes para las mismas partidas de gastos que se reiteran año tras año, y que, por lo tanto, tienen difícil la calificación de imprevisibles”, cuestionó el órgano fiscalizador la mecánica presupuestaria de ese año.

Y en 2023, la Xunta volvió a incurrir en la misma dinámica, solo que incrementando el importe de los fondos transferidos, ampliados o recortados entre los distintos departamentos de la Administración autonómica, puesto que se superaron los 1.100 millones de euros, según aparece reflejado en el balance de ejecución del presupuesto de la comunidad y sus modificaciones correspondientes al pasado año, publicado en el DOG esta semana.

Como es habitual, el principal causante de estas desviaciones es el Sergas, puesto que también es el área de la Xunta con mayor presupuesto, pues gestiona más de 5.000 millones de los 14.000 con que contó el pasado año la Administración autonómica.

El ejercicio arrancó con 4.742 millones asignados a la Consellería de Sanidade y terminó con 5.172, pues durante el año su presupuesto engordó con algo más de 430 millones de euros con recursos procedentes de otras partidas que nada tenían que ver con la sanidad.

Esta práctica, que debería ser excepcional, se ha convertido en ordinaria en el Ejecutivo gallego, tanto que merece las críticas reiteradas del órgano fiscalizador de la comunidad autónoma por destinar al gasto sanitario una cantidad “muy superior” al que establece a través de sus presupuestos iniciales.

Esto muestra, a juicio de Contas, una técnica presupuestaria “ajena a la realidad” y “la necesidad de implantación de un sistema estable de financiación que posibilitaría el planteamiento de presupuestos realistas acompañados de medidas rigurosas para su cumplimiento”.

Cerrado el ejercicio, la consellería que más fondos acumuló sin ejecutar fue la de Promoción do Emprego, que llegó a 31 de diciembre con 61,8 millones de euros en la caja, seguida de la de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, con casi 39 millones de euros de saldo.

El apartado de inversiones reales sufrió también un importante recorte. Se presupuestaron inicialmente 607 millones, pero por modificaciones posteriores se quitaron de este capítulo 107 para quedar finalmente en 500 millones de euros, de los que finalmente se ejecutaron casi 466 millones.

La recaudación por Sucesiones y Patrimonio crece más de un 50% sobre las previsiones

Los impuestos autonómicos se han comportado a lo largo de 2023 mucho mejor de lo previsto por la Xunta en sus presupuestos, sobre todo el de Sucesiones y Donaciones. La recaudación calculada era de 157 millones de euros, en línea con los resultados del año anterior, pero al acabar el ejercicio los derechos reconocidos ascendían a 249 millones de euros, lo que supone un incremento del 58%, aunque es cierto que puede haber pagos comprometidos del ejercicio anterior que no se hicieron efectivos hasta el siguiente. Y eso que del pago de este impuesto están exentos el 99,9% de los declarantes, ya que desde el año 2020 no hay que pagar nada por las herencias inferiores al millón de euros entre parientes directos. El gravamen sobre el Patrimonio también ha experimentado un crecimiento similar al anterior con respecto a las previsiones iniciales, pues pasó de una recaudación prevista de 54,6 millones a, finalmente, 84,2 millones de euros. Este aumento se produce a pesar de que el pasado año la bonificación ascendió del 25% al 50%. Actualmente, este tributo lo tienen que pagar los casi 8.000 contribuyentes que tienen las rentas más altas de Galicia.

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