La Xunta podrá autorizar plantas de gestión de residuos industriales en suelo rústico

A finales de este mes entrará en vigor el nuevo Plan de Xestión de Residuos Industriales de Galicia (Priga) que marcará la hoja de ruta hasta 2030 en una comunidad que genera al año unos 3 millones de toneladas de este tipo de desechos, de los que el 7% tienen la categoría de “peligrosos”. Por toda la geografía hay repartidas 603 instalaciones destinadas al tratamiento de los residuos, pero es necesario precisar los requisitos que se seguirán para las nuevas plantas, que podrán construirse en suelo rústico, aunque no tengan nada que ver con actividades vinculadas a este tipo de terreno, como pueden ser trabajos agrarios, mineros o de restauración ambiental.

Con carácter general, estas nuevas instalaciones, ya sean de iniciativa privada o pública, se localizarán preferentemente en polígonos industriales, salvo aquellas relativas a desechos generados por actividad en suelo rústico o a la de eliminación de restos en vertederos. Pero la Xunta, en su plan recién aprobado tras superar la fase de información pública y alegaciones, abre la puerta a que también se puedan levantar en suelo rústico. Esta sería la opción alternativa cuando no haya superficie disponible en un determinado parque industrial, impida su construcción una normativa específica de ese polígono o pueda generar interferencia con otras tareas industriales, como en el caso de que exista una nave dedicada al sector alimentario.

En estos supuestos, la Xunta entonces podrá autorizar que estas plantas de tratamiento, que en su mayoría utiliza la incineración como método para eliminar los residuos industriales, se puedan trasladar a suelo rústico, aunque se intentará buscar para ello una zona de bajo valor ambiental o que ya haya sido transformado por la actividad humana.

Otra de las razones por las que se pueda usar suelo rústico es porque la Xunta dará prioridad a los emplazamientos situados cerca del origen de los desechos, debido a que el Priga sigue el principio rector de “autosuficiencia y proximidad”, lo que implica, se recoge en el plan, la inclusión de medidas encaminadas a favorecer la gestión de los residuos en instalaciones lo más próximas posibles al lugar de generación. “La localización de posibles futuras instalaciones de tratamiento deberá tener en cuenta la distancia con respecto a las áreas de producción y a su distribución por el territorio, lo que permite optimizar las distancias necesarias para el transporte de residuos e implica menores repercusiones ambientales sobre las emisiones asociadas al transporte y al cambio climático”, se argumenta.

De todas las plantas activas, casi la mitad se encuentra en la provincia de A Coruña, con 267. En la de Pontevedra hay registradas 176 mientas que en las de Lugo y Ourense, acorde con su menor producción industrial, son las que menos instalaciones tienen, 98 y 62, respectivamente. La comunidad cuenta con una capacidad de tratamiento de residuos mayor de lo que genera, pero al mismo tiempo carece de instalaciones especializadas en los llamados residuos emergentes, como algunos de los derivados del sistema sanitario, las tierras contaminadas, las palas de los aerogeneradores, los paneles fotovoltaicos o las baterías de los vehículos eléctricos.

Además, Galicia recibe al día casi 400 toneladas de residuos industriales de otras comunidades, cifra a la que quiere ponerse límites, restringiendo la entrada de estos desechos “a un máximo cada año en cada vertedero al 30% de la media del total depositado en los dos años anteriores”.

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