El Concello de Bergondo elevará al próximo pleno ordinario un suplemento de crédito que incluye una partida de 545.350 euros para resarcir a la concesionaria del servicio de agua y saneamiento, Viaqua, por los costes extra generados por la entrada en funcionamiento de la depuradora de Gandarío.
El Ayuntamiento reserva los fondos después de que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimase su recurso y ratificase un fallo de primera instancia que avala el desequilibrio económico de la concesión desde junio de 2017 a junio de 2022 (fecha del término del contrato administrativo).
El Consistorio había rechazado en pleno la propuesta de reequilibrio presentada por la concesionaria al entender que la gestión de la depuradora formaba parte del contrato y que no se producía un desajuste dado que los gastos por esta nueva infraestructura se compensaban con las nuevas altas. El Ejecutivo municipal argumentaba además que ya se había modificado el contrato en 2012 para incluir una nueva tasa en concepto de depuración para restablecer ese desequilibrio.
La Justicia concluye por el contrario que la gestión de la EDAR sí produce un desequilibrio que debe ser indemnizado dado que se trata de una instalación que forma parte de la concesión y que el Concello se comprometía en las cláusulas del pliego a que “las tarifas cubriesen en todo momento el coste del servicio” y a habilitar “los medios económicos necesarios para mantener en todo momento el equilibrio”.
Los jueces consideran que Viaqua ha acreditado que la gestión de la EDAR de Gandarío ha producido un incremento de los costes que alteran los términos recogidos en la adjudicación y que no es achacable al normal desarrollo del contrato. Los magistrados avalan el estudio económico presentado por la concesionaria, que consideran “razonable”.
Según detalla el fallo, el Concello alegó que no se oponía a resarcir a la empresa, pero que consideraba preciso que un perito judicial verificase si eran correctos los datos del estudio económico presentado por Viaqua.
“No se puede hacer más que acatar y respetar la decisión judicial, aunque no se comparta”, apunta el Gobierno local, que defiende que la decisión de construir la EDAR de Gandarío “fue acertada”. “Se hizo basándose en previsiones de carga de trabajo para esta infraestructura a medio y largo plazo, sería irresponsable hacer una inversión de tal magnitud y que tuviese la capacidad justa para soportar la carga actual”, defiende.
